Como en la fábula La ardilla de Tomás Iriarte, después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, se radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria, disfrazada de “solidaridad sostenible” en el Congreso de la República y sólo en ese momento el Gobierno destapó sus cartas, cuyos ases son la ampliación de la base del impuesto de renta y la del IVA. Carrasquilla ya había intentado, sin lograrlo, en el 2019 ampliar la base del IVA. Ahora la aspiración es mayor a la de la reforma anterior, se propone recaudar $28 billones, de los cuales al descontar los $4.6 billones que corresponden al Sistema General de Participaciones –SGP– le daría un neto a la Nación de $23.4 billones.
La reacción en contra del proyecto radicado por el ministro carrasquilla en el Congreso de la República no se hizo esperar, el rechazo fue general, al punto que el presidente Duque no cuenta con el apoyo en el Congreso para su trámite y aprobación ni siquiera con su propio partido.
Nadie duda sobre la necesidad de arbitrar los recursos para cubrir el déficit, pero es que su carácter es alcabalero, injusto, desproporcionado y sobre todo porque la mayor carga impositiva recaería sobre la clase media, acentuando la regresividad del Estatuto tributario. y por esa vía la desigualdad, en la que Colombia ocupa un deshonroso lugar en la región y en el mundo. Esta es la hora que no hay un solo gremio que la respalde y el rechazo en los medios, en las calles y las multitudinarias protestas es generalizado y se han tomado el país.
En medio de la crispación causada y el reclamo generalizado para que el Gobierno retire el proyecto de reforma y se de la concertación con los partidos políticos, con los gremios, los sindicatos, las organizaciones sociales y la sociedad civil, para tratar de conciliar el que podría ser un texto consensuado, el Gobierno nacional en cabeza del presidente Duque y su ministro de Hacienda insisten con terquedad aragonesa en su trámite.
Lo último que se le ha ocurrido al presidente Duque es plantear como salida alternativa la presentación de una que él llama “ponencia sustitutiva”. De esta lo primero que tenemos que decir que en estos momentos no existe ponencia sino ponentes del proyecto y no se puede sustituir lo que no existe, en segundo lugar, en la Ley 5ª de 1992, la cual reglamenta el funcionamiento del Congreso de la República, qué pena pero no existe esa figura y en el caso hipotético que existiera dicha facultad estaría en manos del Congreso y los congresistas y no en manos del ejecutivo y nadie puede disponer de lo que no tiene.
En medio de este zambapalo, la turbación del orden público y la pandemia la Andi le presentó al Gobierno y al Congreso una propuesta, esa sí sustitutiva de la del Gobierno, la cual coincido con el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo diciendo que “suena sensata”. Su propuesta consiste básicamente en el aplazamiento de la entrada en vigor de varios de los beneficios tributarios que se le dispensaron a las empresas en la reforma tributaria anterior, entre ellos el descuento del ICA, la reducción de la tarifa de renta, que sumados a un impuesto sobre el patrimonio y otras adehalas más, con el cual se podría lograr un recaudo de $12.4 billones.
Esta propuesta es tanto más pertinente por cuanto, aunque el Gobierno alega que el déficit fiscal que busca saldar con este proyecto reforma es para poder financiar la continuidad de sus programas de apoyo a las empresas con el fin de proteger el empleo y las transferencias monetarias y no monetarias, especialmente el programa de Ingreso solidario, la gran verdad es que en gran medida ese déficit viene desde la reforma tributaria anterior, que al conceder beneficios tributarios por $11 billones abrió un hueco fiscal que ahora se intenta tapar. Por ello he venido sosteniendo que la mejor reforma tributaria es el desmonte de aquellos beneficios que no estén plenamente justificados.
Pero, el ministro Carrasquilla la desestimó, le respondió con cajas destempladas, diciéndole al Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que dicha propuesta “no permitiría financiar estos programas sociales” refiriéndose a la extensión hasta junio de este año del subsidio a la nómina de las empresas (Paef) y “hacer permanente el ingreso solidario”. A la propuesta de la Andi se vino a sumar la de Fenalco y Acopi, manifestando que están dispuestos a renunciar a 2 de los 3 días sin IVA, lo cual le representaría al Gobierno nacional ingresos adicionales por valor de $1 billón. De modo que, sumadas, las propuestas de la Andi y Acopi le representarían al Gobierno nacional $13.4 billones de mayores ingresos. De aceptarse esta propuesta no habría necesidad de tocar las bases del impuesto de renta y del IVA, que tanto repudio ha suscitado. Pero, al parecer, el ministro Carrasquilla va por todo o nada y al paso que vamos se va a quedar con la soga y sin el ternero.
