Luego de años de innumerables debates y respuestas provisionales al problema de energía eléctrica en la región Caribe, el Gobierno nacional y el Congreso de la República le han dado una luz de esperanza a sus diez millones de habitantes.
La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo abre el camino para la implementación de una solución estructural y definitiva, que garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad.
La Nación asumirá el pasivo pensional por $1,2 billones de Electricaribe, protegiendo a los trabajadores de la compañía. La asunción del pasivo y la segmentación del mercado en dos zonas –Caribe Sol, compuesto por Atlántico, Magdalena y Guajira y Caribe Mar, por Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar–aumentará las probabilidades de encontrar un nuevo inversionista para atender a los usuarios de la región y asegurar las inversiones por cerca de $8 billones que se requieren en los próximos 10 años. El nuevo proceso de búsqueda ya inició. En octubre se seleccionará la propuesta que cumpla con los requisitos regulatorios y ofrezca el mayor valor por la empresa, con la segmentación o en su totalidad.
Por otra parte, con el Plan Nacional de Desarrollo, los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y el sector industrial, tendrán una sobretasa de $4 por kilovatio, un esfuerzo a favor de una solución posible para la costa Caribe. La Constitución es clara, el Estado debe asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los colombianos. El deficiente servicio de energía en el Caribe frena sus oportunidades de crecimiento y afecta la calidad de vida de sus habitantes. Se trata de un problema que ha empeorado desde hace años.
Este Gobierno encontró una empresa con pérdidas significativas, déficit de caja y un ciclo de bajas inversiones históricas que ocasionaron la mala calidad del servicio.
Llegó la hora de romper este ciclo perverso y hacer posible una solución integral. Este año, las inversiones en el mantenimiento de la infraestructura y redes eléctricas serán de alrededor de $500 mil millones, cerca de cinco veces más que el promedio anual. El fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superservicios que contempla el PND, el apoyo de las autoridades territoriales para evitar conexiones ilegales, el compromiso de la ciudadanía con el uso eficiente de la energía y el pago oportuno del servicio, también son parte fundamental de esta solución integral.
Hemos sido honestos y transparentes con la costa Caribe. La solución tomará tiempo y será progresiva, pero sostenible a largo plazo. Los artículos aprobados en el Plan de Desarrollo, gracias al apoyo de la bancada Caribe y una amplia mayoría del Congreso, así como el respaldo decidido de gobernadores, alcaldes de la región y el país unido, encienden una luz para el Caribe. Son la respuesta a un mandato constitucional y a un desafío de equidad que nos compete a todos.
*María Fernanda Suárez es la ministra de Minas y Energía de Colombia.
