Recientemente la empresa minera Glencore informó al gobierno nacional su decisión de renunciar a los contratos de concesión que le permiten realizar sus operaciones de minería de carbón en las minas de Calenturitas y la Jagua en el departamento del Cesar. Esta fue una noticia que tomó por sorpresa a varios de sus stakeholders (partes interesadas), especialmente a los trabajadores, comunidades y gobierno. Como es obvio, las manifestaciones de todo tipo no se han hecho esperar, dados los impactos adversos que esta decisión generará sobre el medio ambiente, las comunidades vecinas y la economía de esta región.
Los resultados conocidos de esa operación minera al concluir el año 2019 no permitían visualizar que esa decisión estuviera contemplada en los planes de minería de largo plazo de la empresa, ni en las revisiones del ciclo vida de esta operación minera. Sin embargo, el contexto del negocio cambió bruscamente. Las revisiones operativas y las proyecciones de precios a la baja, en un mercado deprimido y golpeado por los efectos del menor consumo de energía como consecuencia de las restricciones de la economía mundial establecidas para el control de la pandemia, y los acuerdos globales para gestionar el cambio climático, más las complejidades operacionales, legales y sociales propias del país, llevaron a esta empresa a concluir y comunicar que sus operaciones mineras en el Cesar eran económicamente inviables. Una dura realidad, de la que no está exenta ninguna de las actuales empresas que compiten en ese difícil mercado del carbón térmico en el mundo.
Lo que sigue ahora es un complejo proceso de devolución de áreas en condiciones operativas, tal como lo establecen los contratos mineros suscritos con el Estado, y el cierre final de aquellas áreas no requeridas por la operación. Sus características de prematuro e inesperado para sus grupos de interés, y por tanto no planeado con suficiente antelación, lo harán más difícil para esta empresa, comenzando por la formalización de la renuncia a los contratos mineros con la Agencia Nacional de Minería.
Probablemente ayudará mucho en ese proceso la guía de buenas prácticas para el cierre integrado de minas emitida por el Consejo Internacional de Minería y Metales, que provee a las compañías mineras la orientación necesaria para integrar apropiadamente el proceso de cierre con el ciclo de vida de la respectiva mina. Esta guía tiene como propósito apoyar el objetivo de dejar un legado positivo al tiempo que se hace un balance apropiado de la protección ambiental y bienestar social con el desempeño financiero.
Aunque en los ejercicios de planificación minera, desde la etapa de exploración, los planes de cierre de mina contemplan un cierre progresivo, pues de esa forma pueden identificarse los riesgos y oportunidades a ser gerenciadas proactivamente y ser consideradas en las actividades del cierre final, en este caso es evidente la necesidad de revisar y ajustar dicho plan de cierre incorporando el escenario de cierre prematuro.
En resumen, una efectiva planeación del cierre de una mina -aún de manera prematura-, cumpliendo con los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza, podrá arrojar, entre otros, resultados efectivos relacionados con un consistente y transparente involucramiento de los diferentes grupos de interés de la operación minera, la participación de las comunidades en la planeación y ejecución de las actividades de cierre, logrando su apoyo al proceso y decisiones que se tomen, y la mejor transición social posible para las partes interesadas al pasar de una mina operativa a una cerrada.
