“Yo soy el indio guerrero que supo defender a la patria, que hizo respetar su pueblo del extranjero con flecha y hacha. Pero nada es valedero cuando la gente se vuelve ingrata, la presa la caza el perro y viene el dueño y se la arrebata”.
Insisto con el verso de Romualdo Brito (qepd) a quien llamaron el cantor de los indios, para referirme al pronunciamiento de la Corte Constitucional en el Auto de Seguimiento 042-21 que se relaciona con el incumplimiento de la Sentencia T-302-17 en la cual resolvió “declarar la existencia del estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayuú”, al comprobar una repetida violación de esos derechos fundamentales por factores estructurales.
En la Sentencia T-302-17 la Corte Constitucional expidió órdenes a catorce entidades de los diferentes niveles de gobierno y definió ocho objetivos que debían tener el seguimiento y supervisión de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Superior de Riohacha, los cuales, a su vez no han actuado a la altura de sus responsabilidades, y por eso ha decidido “Asumir la competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017…” al mismo tiempo que ha compulsado copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que inicie la respectiva averiguación disciplinaria en contra de la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha por la presunta omisión del cumplimiento de sus deberes.
Ante tal displicencia, la Corte ha dispuesto la realización de una sesión técnica para el mes de abril próximo en el municipio de Uribia, y luego se desplazarán hacia las comunidades “Nueva Venezuela” y “23 de abril”, donde se realizará una diligencia de inspección judicial, siempre que las condiciones derivadas del Covid19 lo lleguen a permitir porque, de lo contrario, entonces dicha sesión se llevará a cabo de manera virtual.
Y es que no hay derecho a que la Corte Constitucional hubiera impartido precisas instrucciones que fueron notificadas desde el 28 de junio de 2018 y a la fecha solo se hayan llevado a cabo acciones para aparentar que se hace algo, pero mientras tanto nada se ha hecho de manera efectiva para mitigar las razones que condujeron a declarar el “estado de cosas inconstitucional”.
Una investigación llevada a cabo por la ONG Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins concluyó que, a causa de la pandemia y el aislamiento, al pueblo wayuú le resultaba difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que dichos servicios eran más necesarios.
Pero eso no le importa a la dirigencia gubernamental, política y económica de La Guajira; no hay compromiso de las autoridades.
En reiteradas ocasiones he propuesto que lo más práctico y eficiente es crear una Consejería Especial para La Guajira, con el fin de que lleve a cabo la coordinación institucional de todas las órdenes de la Corte a través de la conformación y funcionamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas.
Sin embargo el gobierno nacional creó la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira a través del decreto 100 de 2020 pero incluyó al gobernador y los alcaldes implicados en el cumplimiento de la Sentencia T-302-17. (Decreto)
Vuelvo a preguntar.
¿Qué han hecho la clase política, gubernamental y económica?
¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior respecto a la traducción, divulgación y comunicación de la sentencia en lenguaje wayuunaiki?
¿Qué han hecho la Presidencia de la República, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Departamento para la Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres?
¿Qué han hecho la gobernación del Departamento de La Guajira, y los alcaldes de los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao?
Eso lo tendrán que responder a la Corte Constitucional en la sesión que se realizará en abril próximo.
Porque con su desidia solo han hecho de La Guajira una tierra sin dios ni ley, convirtiendo a la administración pública en un medio que solo les sirve para su enriquecimiento personal; hasta llegar al punto de la indolencia que ya ni siquiera sienten vergüenza.
No hay compromiso de ninguna autoridad. No les importa cómo se mueren los niños de la nación wayuú.
