De acuerdo con el censo oficial de población y vivienda 2020 del Dane, el Departamento de La Guajira tiene 1.096.671 habitantes. La estimación que ha hecho la Organización Mundial de Salud para alcanzar la inmunidad de rebaño de cualquier comunidad es del setenta por ciento de esa población. En el caso concreto de la península tendrán que vacunarse 767.669 personas.
En el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, el Ministerio de Salud y Protección Social le comunicó al gobernador Nemesio Roys Garzón en diciembre último que lo proyectado a enviar previa asignación a La Guajira era de 142.264 vacunas para la primera fase que incluye tres etapas y 402.728 para las dos etapas de la segunda fase. La sumatoria de las dos cifras da un total 544.992 vacunas de dos dosis. El anterior dato significa que se quedaría sin vacunar 222.677 personas por carencia del biológico que representan el 20.3% de la población mínima para alcanzar la inmunidad colectiva de toda la población sin incluir las migrantes de Venezuela.
Con el déficit de 222.677 vacunas, es urgente que los gobernadores con el acompañamiento de los alcaldes demanden ante Presidencia de la República y el Ministerio de Salud la asignación, envío y aplicación de las respectivas dosis contra el Sars Cov2 con notificación a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría de la República y Defensoría del Pueblo para que en caso de cualquier irregularidad procedan de conformidad a su misión institucional.
En el entretanto, hay que preguntar en el Departamento de La Guajira y los quince municipios si están preparados adecuadamente quienes tienen la responsabilidad de garantizar la aplicación de la vacuna a tiempo y en forma oportuna con la certeza de su eficacia independiente de la marca del biológico. En particular, si las Empresas Administradores Plan de Beneficio tienen a la fecha la información depurada y ordenada con las listas correspondiente para asignarla a las Instituciones Prestadoras de Salud habilitada con el total de población a vacunar en el municipio de residencia y próximo a su sitio de vivienda. También, si los contratados para el agendamiento de las citas están totalmente entrenados para la aplicación de la vacuna sin demora cumpliendo la priorización establecida por el gobierno nacional.
Hay que reiterarle a los administradores de los gobiernos guajiros tanto seccionales como locales que además de responder por la consecución del veinte por ciento de las vacunas faltantes en el primer semestre del presente año, deben asegurar que en aplicación del enfoque diferencial del plan nacional de vacunación, las poblaciones rurales dispersas del norte y sur de La Guajira, así como las comunidades indígenas, los adultos mayores, las personas con comorbilidades tiene el derecho para ser vacunadas con la mayor prioridad.
Se debe reclamar el carácter gratuito de la inmunización porque hay que recordar a los aplicadores que se les va a pagar por cada vacuna inoculada con los recursos de las mismas entidades territoriales. El personal de la salud que se supone adecuadamente capacitado debe tener clara conciencias que lo que está en juego son vidas humanas. En consecuencia, en los puestos de vacunación no se puede desperdiciar ni perder una sola dosis contra el Covid-19. Hay que recuperar de los planes de salud guajiros la experiencia de los Planes Ampliados de Inmunización – PAI que se han ejecutado para enfrentar las epidemias por las que hemos pasado en La Guajira.
La comunidad debe estar atenta y haciendo veeduría ciudadana para neutralizar a los dirigentes y avivatos que quieran vender los turnos para el agendamiento de las citas, así como saltarse la fila para la aplicación de la vacuna. Por lo menos, esta vez en La Guajira hay que mostrar transparencia y dignidad para diferenciarnos de lo ocurrido en el eje cafetero, en Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina, para no mencionar países de Europa.
Esperamos que, con el compromiso de las autoridades departamentales, municipales y la participación ciudadana se alcancen a vacunar las 767.669 personas del departamento de La Guajira antes de las elecciones del Congreso, Asamblea departamental y concejos municipales en marzo de 2022 para que, además de salvar vidas, no se imponga, en esta ocasión como en el resto del país, la perversa costumbre de traficar votos por vacunas contra el Covid-19.
