Cuando se temía lo peor para las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), después de la objeción por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al proyecto de ley que procura fortalecerlas, se sorteó favorablemente este impasse y acaba de aprobarse en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, por unanimidad, el texto conciliado, del cual salen muy fortalecidas las RAP para bien de las regiones. Ahora solo resta la sanción presidencial para que entre en vigencia.
Hablamos del Proyecto de Ley 182 de 2017 – Senado por medio del cual “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en RET”, el cual tiene como primera prioridad la derogatoria de ese artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot) que se convirtió en el freno para el avance y para la consolidación de las RAP al establecer que por cuenta de la RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN), ni del Sistema General de Participaciones (SGP), ni del Sistema General de Regalías (SGR)”.
Gracias a la gestión del los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico y exconstituyente Eduardo Verano de la Rosa y de la bancada de la región Caribe en el Congreso de la República, se pudo lograr la concertación del texto final, el cual pasa a sanción Presidencial para convertirse en Ley de la República. Ellos resistieron los embates de la abulia centralista, insistieron, persistieron y nunca desistieron de la causa autonomista y al final se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ello es una muestra palmaria de lo que se puede lograr cuando se anteponen los intereses generales a los intereses particulares y gracias a ello se forja la unidad. Unidos somos más y más fuertes como región.
Como es bien sabido, con fundamento en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente la de la Región Caribe, hace exactamente un año, el 19 de octubre de 2017. Siempre hemos dicho que las RAP son la escala técnica para llegar a las regiones como entidad territorial (RET), también previstas en la Constitución Política, que es su puerto de destino, para avanzar en el propósito de alcanzar un sueño largamente acariciado por las regiones, cual es la autonomía regional para dejar de ser alfil son albedrío del agobiante centralismo.
Pero, al no contar con financiamiento para su funcionamiento ni poder acceder a los recursos necesarios para financiar y acometer proyectos de inversión de impacto regional, que es su razón de ser, las RAP estaban llamadas a fracasar. Pues bien, el texto de la ponencia aprobada prevé que los departamentos que hagan parte de las RAP podrán aportar los recursos con cargo a su presupuesto para su funcionamiento, al tiempo que el Gobierno nacional también podrá hacer lo propio, no les está vedado hacerlo. Se dice, explícitamente que “el Gobierno nacional podrá asignar una partida en las leyes de presupuesto general de la nación para cofinanciar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. Solo se hace la salvedad de que “esta partida, en ningún caso, afectará los recursos que por concepto del Sistema General de Participaciones hayan sido asignados a los departamentos, municipios y distritos”. También podrán las RAP gestionar recursos de cofinanciación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público privadas.
