Alentadora resultó ser la providencia de la Corte Constitucional que aclaró los alcances de la regulación que había hecho en 2017 para el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. Con esta aclaración quedó la puerta abierta para que el Gobierno nacional vuelva a recurrir a las fumigaciones aéreas como una herramienta para combatir el narcotráfico, teniendo en cuenta que es la vía más idónea para eliminar las matas de marihuana, coca y amapola.
Como lo había expresado en una columna anterior, la prohibición del glifosato favoreció notablemente a las bandas dedicadas al tráfico de drogas, incrementando las hectáreas sembradas con arbustos de coca y la producción de cocaína, que en solo un año pasó de 1.055 a 1.380 toneladas.
Si bien la Corte reiteró que el Ejecutivo debe cumplir unas condiciones previas a la reanudación de las fumigaciones, la aclaración de uno de esos condicionamientos, que se había convertido en el principal obstáculo para las aspersiones, permite contemplar la posibilidad de utilizar el herbicida. La Corte precisó que la investigación científica que se requiere para comprobar que no hay peligro con el glifosato para la salud y el medio ambiente,»no equivale a demostrar que existe certeza absoluta sobre la ausencia del daño o que la actividad no plantea ningún riesgo absoluto», esto flexibiliza las exigencias que parecían un imperativo para impedir la erradicación aérea.
En un tema tan polémico que divide al país y que erróneamente se ha utilizado para afirmar que quienes defienden la aspersión con glifosato están en contra de la paz, la Corte adoptó una posición sabia dejando en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión final sobre su uso. Es función del Consejo verificar el cumplimiento de los requisitos, que en el año 2015 suspendió la fumigación aérea, sin embargo la Corte ratificó que para tomar una determinación, dicha entidad debe ponderar entre los riesgos del químico y la solución que tiene que darse al problema de las drogas ilícitas.
En la primera consideración, es decir, el peligro que genera el herbicida en la salud de las personas, aunque existen unos estudios previos sobre la posible incidencia del glifosato en células cancerígenas, estas pruebas no son contundentes y no tienen la exactitud científica para llegar con certeza a esa conclusión. Por el contrario, está demostrado que es la herramienta más idónea para destruir los cultivos de coca, prueba de ello es que desde que se acudió a la supresión manual de los arbustos como única opción, las hectáreas sembradas con la planta se incrementaron en buena parte del territorio nacional.
No quiere decir esto que se prescinda de la valiosa labor de sustitución que están haciendo los campesinos comprometidos con legalizar sus cosechas, todas las modalidades utilizadas para acabar con los cultivos son válidas. De hecho la erradicación voluntaria debe ser prioridad, acompañada de programas sociales productivos, pero en aquellas regiones donde se hace imposible llegar con brigadas que destruyan las plantas, habrá que eliminarlas desde el aire.
