La salud sigue en cuidados delicados por falta de una planificación estructural, mala fe y corrupción. Esta última, constituye una desgracia político-social intentando resolver la gravedad de los problema, con improvisaciones en la administración de intervenciones en salud, sin que se haya mejorado el mal estado que padece, causando daños y perjuicios a usuarios que sufren los defaces y la crisis, por motivos vacíos y turbios que lo embargan originando desatención, desajuste y precariedad en las operaciones del servicio salud.
No tiene justificación alguna la morosidad en los pagos de salarios correspondientes a los servicios de salud que comprometen a los médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, aseadoras y todos aquellos, que de una u otra forma, integran globalmente las estructuras de servicios en los establecimientos de salud.
Lo primero que se debe cumplir es con las obligaciones laborales, suministros de drogas, procedimientos y demás atenciones emergentes que deben cubrirse mensualmente con los aportes que se reciban por distintos conceptos determinados, amparados en presupuestos anuales con reserva de fondo, transferencias de recursos económicos de la nación y ventas de servicios conforme a la disponibilidad proyectada. El incumplimiento consecutivo en los pagos mensuales es motivo de degradación y censura, generando desatención, omisión y deterioro en asuntos de salud, poniendo en peligro la vida de los usuarios.
Se han presentando reformas en salud y pensión, pero no se ha logrado aprobar la primera en la Comisión Séptima del Senado y la de pensión, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente, está corriendo la mala suerte de que sea declarada inexequible según el Proyecto de Sentencia de Revisión, radicado por el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien funge como presidente de la Corte Constitucional hasta el mes de diciembre, el mismo magistrado que echó por tierra todos los decretos expedidos por el presidente Gustavo Petro en La Guajira, con la declaratoria de emergencia de salud. El aludido magistrado ha buscado de todas las formas tumbar la Ley de Pensión, que reconoce a adultos mayores la suma de $230.000 mensuales, superando el monto de $80.000, que antes venían recibiendo
El magistrado Ibáñez Najar, cuando tuvo conocimiento que su ponencia de tumbar la citada Ley iba ser derrotada en la Sala General de Decisión, con 5 magistrados a favor de las pensiones, contra 4, expidió un auto para darle trámite a la recusación contra un magistrado que había sido postulado por el Gobierno de Petro, Héctor Carvajal, la cual prosperó por un contrato de prestación de servicios al operador de pensiones, Colpensiones, tocándole obligatoriamente retirarse del debate, y quedando 8 magistrados, presentándose un empate, obligando sortear un conjuez, el cual fue seleccionado en la persona del abogado Carlos Pablo Mario Márquez, para que defina la suerte de las pensiones en Colombia.
Dios quiera que antes de hundir la Ley de Pensión, por supuestos vicios de trámite en la aprobación en el Congreso, acusada por la senadora Paloma Valencia, de oposición, a la cual pertenece el magistrado ponente, postulado por el expresidente Iván Duque Márquez. No obstante recibir actas y demás documentos requeridos de las secciones donde se debatió y aprobó la Ley por mayoría certificada, pero según su criterio personal, incurrió en faltas de formas pero no de fondo que es lo que verdaderamente tiene importancia. Los fondos privados de Pensiones y Cesantías piden a la Corte Constitucional no declarar inexequible la Ley, confirmándola para estabilizar la vigencia de la misma y terminar con la incertidumbre que empaña la situación.
Las causas y motivos para estar en el limbo las dos reformas, son la polarización enfrascada en que se encuentran el Gobierno y la oposición, originando atajos, bloqueos y sabotajes tendientes a generar el fracaso al mandatario, cuando lo que se requiere con urgencia son soluciones mediante concertación y acuerdos para evitar daños colaterales que afectan y perjudican a muchas personas. Nada se gana con las confrontaciones nocivas para la sociedad, por quienes aparentan representarla, sin que reflejar, hechos, precedentes y antecedentes positivos, resaltables, que dignifiquen sus labores meritorias. Encarnizarse en insultos, ofensas, críticas y zancadillas es totalmente contraproducente con el progreso y el bienestar en la convivencia.
La corrupción predomina prevaleciendo los intereses particulares sobre el interés general, perjudicando a quienes necesitan de atención y prestación oportuna de servicios de salud. Donde se roban los recursos destinados a programas de prestaciones de servicios e inversiones, nunca se cumple el objetivo previsto y nada pasa por la tapa y se archiva, de autoridades competentes compartiendo por retribución económica, prácticas de corrupción como ha ocurrido en los servicios de salud.
No se concibe que con los recursos presupuestados y destinados a servicios de salud, no se preste un servicio de calidad por culpa de las EPS que no le cumplen las obligaciones a las IPS, desvían los recursos destinados al cumplimiento de pagos de obligaciones laborales, proveedores, servidores y otros; en compras de equipos y construcciones inmobiliarias para monopolizar servicios rentables de salud, lo que ha conllevado a tener pésimos servicios o de mala calidad en atención.
La gravedad en el sistema de salud se refleja en las constantes quejas por diferentes motivos, originando más de un millón y medio de tutelas, ordenando cumplimientos de servicios, pero a la vez, se convirtió en un gran negocio para desangrar la nación inflando costos ordenados por tutelas desde que inició la vigencia de la Ley 100 y no ha sido superado durante el periodo de este Gobierno.
Lo curioso de quienes gobernaron con anterioridad al actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, es que culpen del fracaso al actual mandatario, porque en campaña presidencial se comprometió con cambios que no se han visto, de ahí que la oposición le atribuye todo el mal estado de la salud, a la actual administración de este Gobierno, que ha dado palo de ciego durante el periodo, pero no es cierto, cargarle toda responsabilidad y desacierto en salud. Las pasadas administraciones no pueden negar las apropiaciones ilícitas de recursos de salud, desestabilizando las operaciones, limitando y manipulando servicios generales y especiales, dilatándolo y negando drogas prescritas, cirugías, hospitalizaciones, laboratorios, rayo X, terapias, entregas de elementos medicados entre otros, para obligar a pacientes o familiares a presentar acción de tutela.
