Por Moisés Carreño
La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en 23,7 % por parte del Consejo de Estado no fue simplemente una decisión jurídica más. Y ha generado una discusión en la opinión pública que oscila entre el mínimo técnico y el vital digno, generando consecuencias políticas inevitables. Fue en los hechos, un punto de quiebre en el debate público entre juridicidad, política económica y mandatos constitucionales, jurisprudenciales y convencionales.
El decreto, expedido por el presidente Gustavo Petro tras el fracaso de la concertación tripartita, quedó congelado mientras se estudia su legalidad de fondo. Y, como una de las órdenes más relevantes, la Alta Corte concedió al Ejecutivo un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto ajustado a los criterios señalados en la decisión cautelar.
Desde el plano jurídico, el Consejo de Estado sostuvo que existían dudas serias sobre la motivación del acto administrativo y sobre el cumplimiento estricto de los parámetros de la Ley 278 de 1996. Los demandantes alegaron que el incremento no se apoyó adecuadamente en las variables tradicionales: inflación, productividad, crecimiento económico.
Ante ese escenario, la Sala aplicó la herramienta procesal de la suspensión provisional, destinada a evitar que un acto eventualmente ilegal produzca efectos difíciles de revertir, es decir, que afecte de inmediato a quienes ya reciben el salario con el incremento para el 2026.
Sin embargo, la decisión trascendió lo técnico. En un país atravesado por la polarización, el congelamiento del aumento fue interpretado por sectores afines al Gobierno como un acto político más que judicial. Para otros, en cambio, la suspensión reafirma el principio de separación de poderes y el deber de los jueces de verificar que incluso las medidas populares respeten el marco normativo.
El debate se vuelve más complejo cuando se examina la diferencia conceptual que subyace al conflicto: el salario mínimo como resultado de un promedio macroeconómico frente al salario mínimo vital y móvil consagrado en el artículo 53 de la Constitución. El primer enfoque, basado en inflación, IPC, PIB y productividad, responde a una lógica de estabilidad y sostenibilidad. Busca preservar poder adquisitivo sin generar distorsiones económicas graves. Es un cálculo técnico que privilegia el equilibrio macroeconómico.
El segundo enfoque es constitucional y axiológico. El artículo 53 de la constitución, no habla solo de actualización monetaria, sino de una remuneración que garantice condiciones materiales dignas. La Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de mínimo vital como el umbral necesario para asegurar la subsistencia y dignidad del trabajador y su familia. No se trata únicamente de mantener el valor real del salario, sino de asegurar que permita satisfacer necesidades básicas. En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo -OIT- ha promovido el estándar del “living wage”, entendido como ingreso suficiente para un nivel de vida decente en el contexto específico de cada país.
Aquí radica la tensión de fondo. El promedio de variables macroeconómicas responde a la pregunta: ¿cuánto puede soportar la economía sin comprometer empleo e inversión? El salario digno vital responde a otra: ¿cuánto necesita una persona para vivir con dignidad? Cuando ambos parámetros no coinciden, el conflicto deja de ser técnico y se convierte en político y constitucional.
En medio de esa discusión, no deja de llamar la atención la volatilidad discursiva de buena parte de la oposición política y mediática. Figuras como Paloma Valencia, Claudia López, Wilson Ruiz, Mauricio Cárdenas, Abelardo De la Espriella, Vicky Dávila, por mencionar algunos candidatos, calificaron el aumento como irresponsable, populista o antitécnico cuando fue anunciado. Sin embargo, tras el auto de suspensión provisional, todos, salieron a señalar que el incremento debía mantenerse, algunos hasta prometieron que, de ser elegidos, lo mantendrán y seguirán esa misma línea de aumentos. La oscilación no es menor: evidencia una falta de coherencia argumentativa que debilita su credibilidad del debate público.
Esa incoherencia, deja a la oposición mal parada, indefinida, entre la ortodoxia económica y el cálculo electoral. En cambio, el Gobierno puede presentarse como consistente en su defensa del salario vital. En términos políticos, el efecto podría ser paradójico: la controversia judicial, lejos de erosionar al presidente Gustavo Petro, podría consolidar su narrativa y de paso impulsar al senador y candidato Iván Cepeda, en un escenario donde la coherencia discursiva pesa tanto como la cifra misma.
La orden de expedir un nuevo decreto en ocho días acentúa la tensión institucional. Obliga al Ejecutivo a replantear la cifra o las motivaciones, recodando que el poder presidencial en Colombia no es absoluto y eso es sano para la democracia. Pero también puede convertirse en un punto de apoyo narrativo para el Gobierno, que podría presentar la decisión como prueba de que sus políticas sociales enfrentan resistencia estructural.
Es claro entonces que, el debate no se puede reducir a un frío porcentaje, es más por la relación entre técnica económica y mandato constitucional, entre estabilidad y dignidad, entre control judicial y voluntad política. La decisión del Consejo de Estado no resuelve ese dilema; apenas lo expone con mayor claridad. Y mientras el nuevo decreto se expide bajo el reloj de los ocho días, la pregunta permanece abierta: ¿debe el salario mínimo limitarse a la prudencia macroeconómica o aspirar a materializar plenamente el ideal constitucional de una vida digna?
