Por mucho que me he esforzado en hacer una cuenta de las iniciativas del gobierno Duque con las que he estado totalmente de acuerdo, me sobran dedos de la mano. Sin embargo, aunque ha recibido muchas críticas por eso, si hay algo en lo que adhiero cabalmente es con la derogatoria de la ley de garantías.
En estos días, las comisiones económicas conjuntas del Congreso, al aprobar el proyecto del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022, dispuso la suspensión de la ley de garantías en lo concerniente al inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. La sorpresiva jugada del ejecutivo y su bancada mayoritaria, levanta la prohibición de celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos seis meses antes de las elecciones.
Lo cuestionable del hecho es que, cuando lo quiso hacer el presidente Juan Manuel Santos, Iván Duque, para entonces quería mostrarse como un “adalid” de la transparencia y puso el grito en el cielo porque lo que Santos quería era “repartir mermelada en época electoral”, lo que no le convenía a su campaña hacia la presidencia. Con esta, han sido muchísimas las veces en las que al presidente Duque le cae encima la saliva que una vez lanzó al aire, tampoco será la última. Lo otro es que, por bien intencionadas que sean sus acciones, la gente siempre sospechará de él.
Aunque respaldada por las asociaciones de departamentos y municipios, las críticas no se hicieron esperar y vinieron de varios sectores. El hecho que estemos en periodo preelectoral, hace que todo el que esté por fuera del gobierno nacional, departamental o municipal, trate de dar la impresión que esta derogatoria inclina la balanza a favor de la continuidad.
En una democracia ideal, esta norma sería garantía de transparencia, de juego limpio y sin ventajas para los candidatos afines a los gobernantes de turno. Pero, hecha la ley; hecha la trampa. Ya los políticos aprendieron a hacerle el quite y le tumbaron los dientes a esa bien intencionada ley de garantías. La brújula moral de los políticos se mueve de un lado a otro con relación a su posición sobre la ley de garantías: conviene que se aplique cuando son oposición, pero están de acuerdo en derogarla cuando están gobernando.
Hace algunos años, asistí a una velada del Festival de teatro que la Fundación Jayeechi organizaba. En las palabras inaugurales, su director, Enrique Berbeo, se quejaba, agobiado por las penurias para asumir los gastos del evento diciendo: “No hemos recibido apoyo del Municipio ni del Departamento por la bendita ley de garantías, que lo único que garantiza es que estos eventos no se hagan”. Totalmente cierto.
La ley de garantías se volvió la excusa perfecta de los gobernantes por, al menos, medio año, para escamotear todos los pedidos, solicitudes de apoyo y necesidades de la comunidad que gobiernan. Si los moradores de un barrio damnificado por el invierno, acuden buscando intervención del alcalde, su respuesta será “la ley de garantías me tiene las manos atadas”. Igual si un colectivo de artistas pide apoyo para una gira o evento, o una vereda se ve afectada por un puente que se cae.
Pero, siendo honestos, amigo lector, ¿ha visto usted que alguna campaña electoral se haya suspendido por la ley de garantías? ¿Faltó dinero para la “logística” en alguna campaña apoyada por alcalde, gobernador o presidente por efecto de la misma ley? ¿Faltó comprar los mercados, pasteles, bolsas de cemento o láminas de zinc por vigencia de esta norma? ¿Se quedaron los “líderes” sin sus recursos para “mover a la gente” por la misma causa? ¿Faltaron afiches, plegables, perifoneo, caravanas y pomposos cierres de campaña con artistas de lujo por protección a las “garantías”? Seguro que no. Los políticos, cuando entra en vigencia la norma, ya agilizaron las grandes inversiones, ya hubo anticipos y “compromisos”, ya “amarraron” lo que tenían que atar a esos compromisos y tienen en sus bolsillos la financiación de campañas.
Garantías de qué, la ley se convirtió en otro saludo a la bandera, en otra buena intención que se estrella con unas prácticas politiqueras que todo lo pudre.
