¿Eliminar la Procuraduría General de la Nación? ¡Sí! Y mil veces sí. Es una entidad que no ha cumplido con los fines para los cuales fue incluida en la estructura del Estado por la Asamblea Nacional Constituyente, y las tres funciones básicas que le asignaron pueden ser cumplidas por otras entidades con eficiencia.
Es decir, velar por la protección de los derechos humanos es ejercido con propiedad por la Defensoría del Pueblo; interviene en cualquier proceso judicial solo participa para estorbar porque sus opiniones no son vinculantes, de tal manera que no rajan ni prestan el hacha; y la facultad de sancionar disciplinariamente a cualquier servidor público, que solo ha servido para perseguir adversarios políticos, puede ser cumplida por jueces administrativos.
En buena hora se le ocurrió al procurador Alejandro Ordóñez destituir a Gustavo Petro, no lo digo por la sanción en sí misma, sino porque conllevó para que interviniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y protegiera los derechos políticos del que en ese momento era el alcalde de Bogotá, como hubiera sucedido con cualquier otro funcionario elegido, y al amparo de la Convención Americana le ordenó al Estado colombiano restituirlo al cargo y reformar las leyes para que ninguna autoridad administrativa, como es el caso de la Procuraduría, pueda destituir funcionarios electos por voto popular porque estos solo pueden ser disciplinados por un juez.
A la Procuraduría le quedó grande servir de farol para acabar con la corrupción porque no se encuentra una decisión trascendental en ese mar de actuaciones delictivas de muchos funcionarios en el que estamos nadando; por ninguna parte se le identifica con una política que conduzca a promover la ética del servidor público. Cada vez hay más corrupción. Ya nadie se asombra ni por los casos ni por los actores.
En el caso particular de La Guajira puedo decir, con conocimiento de causa, que la Procuraduría es el hazme reír de los funcionarios públicos, no producen ni lástima porque tampoco investigan ninguna actuación a pesar de que la corrupción se confunde con el aire.
Desde los más altos niveles de los gobiernos tanto nacional como territoriales ¡la corrupción sale hasta por el tubo del agua! y la Procuraduría solo ha servido para que los políticos llenen la nómina oficial, y para tomar decisiones que permitan cerrarle el paso a alguien que tenga alguna proyección importante pero no que sea conveniente para el establecimiento. Burocracia inútil.
Pero no solo la Procuraduría debe ser eliminada sino que también hay que reconfigurar la burocracia de la Auditoría General de la República, creada por la misma Asamblea Constituyente para que ejerciera de manera exclusiva el control fiscal a la Contraloría General de República; pero algún ambicioso Auditor General promovió que dicho control también lo ejerciera a las contralorías territoriales, y así quedó establecido en el artículo 10° de la ley 330 en el sentido de que “La vigilancia de la gestión fiscal de las Contralorías Departamentales será ejercida por la Auditoría ante la Contraloría General de la República”, con lo cual se desarrolló una estructura burocrática regada por todo el país sin ningún resultado porque los contralores territoriales no vigilan a nadie ni la Auditoría General les exige que lo hagan.
Lo peor de todo es que con la modificación del modelo de control fiscal que promovió el actual contralor general de la república, con el embeleco de que también sea concomitante y concurrente, se aprovechó el artículo 274 para que el radio de acción de la Auditoría General de la República tuviera rango constitucional, en el sentido de que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de la República…”.
Ahora hay que volver a modificar la Constitución para reducir su función a la vigilancia de la Contraloría General de la República y que esta, a su vez, vigile el control fiscal de las contralorías territoriales a través de las gerencias que tiene en cada departamento. Hoy tenemos, prácticamente, dos Contralorías Generales inocuas. Burocracia inútil.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
