No deja de causar preocupación la forma en que supuestos ‘representantes’, ‘intermediarios’ y ‘gestores’, que, como aves carroñeras, se aprovechan de las circunstancias alrededor de la compensación que Petrobras y Ecopetrol deben hacer a los pescadores de Manaure, en La Guajira, por la explotación del gas en el proyecto Sirius 2.
Aparecen organizaciones, fundaciones o asociaciones con nombres rimbombantes, inventando firmas y comunidades que no existen, ofreciendo su ‘experiencia’ como salvadores y expertos en negociaciones, decididos a pescar en río revuelto para quedarse con la plata destinada a compensar a los pescadores.
La situación que enfrentan los pescadores de Manaure no es nueva, porque ya sucedió con la Sentencia T-704/16, por la cual Cerrejón ha pagado más de 220 mil millones de pesos a las comunidades y más de 17 mil millones a los intermediarios. Sin embargo, la gente sigue pasando necesidades. ¿Dónde quedó esa plata?
Y es lo mismo con la Sentencia T-302/17, que decretó el Estado de Cosas Inconstitucional en favor de los niños, niñas y jóvenes wayuú para garantizarles el acceso al agua potable, alimentación y salud. Otro ejemplo es la Sentencia T-172/19, que ordenó adelantar un estudio etnológico del pueblo wayuú para garantizar el goce efectivo de sus derechos, pero los intermediarios y oportunistas no permiten su cumplimiento.
Es un hecho que los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades han terminado en manos de nuevos ricos, mientras los verdaderos beneficiarios continúan en la misma situación de pobreza y miseria.
El resultado de todo ha sido vergonzoso: algunos individuos indolentes que se pasean armados por La Guajira como jeques árabes en lujosas camionetas, con escoltas, inventando firmas y comunidades que ni siquiera conocen o que no existen. ¡Esto debe cambiar!
¿Vamos a permitir que suceda lo mismo con los pescadores de Manaure? ¿Dejar que la compensación por el proyecto Sirius 2 termine en manos de intermediarios?
La consulta previa no puede ser un trámite burocrático reducido a reuniones con supuestos líderes intermediarios y oportunistas que no representan a nadie, sino que debe ser un proceso genuino, desarrollado en cada ranchería, en cada enramada, con la participación directa de quienes habitan en esos lugares. Cada familia pesquera tiene voz propia y no necesita que otros hablen por ella. No pueden dejar que los roben otra vez y todas las veces.
Los medios de comunicación, locales y nacionales deben ejercer con valentía su función social en la defensa de los derechos humanos, promoción de la justicia social y darle visibilidad a estas injusticias. Es fundamental informar de manera transparente sobre los procesos de compensación y denunciar los casos de corrupción y desvío de recursos.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo deben cumplir sus funciones como garantes de los derechos humanos, defender a las comunidades de pescadores de Manaure y los wayuú en general, para velar que los recursos lleguen a quienes tienen derechos, investigando y sancionando a los intermediarios y oportunistas que se aprovechan de las circunstancias para enriquecerse con la plata de las comunidades.
Pero también le cabe responsabilidad a Petrobras y Ecopetrol, asociados para explotar el proyecto de gas Sirius 2, porque no pueden descargarse de manera fácil aceptando a intermediarios que simulan representaciones, sino asegurarse de que los recursos destinados a compensar a los pescadores en la zona de Manaure sean distribuidos de manera justa y directa a los que tienen derecho. Las comunidades tienen que ser compensadas de manera directa y sin representación para evitar que se repita la historia de engaños y despojos de sus derechos.
Los pescadores y las comunidades wayuú de Manaure tienen que mantenerse unidas en esta lucha, con vigilancia constante y solidaridad activa. No deben aceptar que los representen sin su consentimiento, y ser autónomos en la gestión de los recursos. No deben firmar ni poner la huella en cualquier papel que les presenten. Solo así podrán garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar que se repita la historia de la Sentencia T-704/16 y T-302/17. La dignidad de las comunidades no tiene precio y sus derechos no son transables. ¡No están en venta!
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”.
