En el país existen 5 millones 300 mil hectáreas sembradas en el sector agrícola y hay 5 millones de hectáreas dedicadas al sector de la minería.
De igual manera, tal como está contemplado en la ley 160/94, existen 5 zonas de reservas campesinas que suman 700 mil hectáreas y hay 4 en proceso que suman 650 mil hectáreas, de las cuales una –la del Catatumbo– fue congelada por el Gobierno Santos. El sector minero debe estar en la misma dirección del estamento del desarrollo rural.
En el Congreso cursó el proyecto de la Ley de tierras y específicamente el Artículo 192 que tiene que ver con el nuevo Estatuto Agrario y la modificación de la ley 160 del 94. Allí está incluido el tema de las famosas reservas campesinas, que ha pisado callos, especialmente en la opinión del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el pensamiento político del movimiento Centro Democrático en cabeza del expresidente Uribe Vélez, hoy senador de la República. Independientemente de las críticas que ya ha recibido este estatuto, lo importante es que debe existir una sinergia entre minería y agricultura. La sugerencia es volver a retomar este proyecto de ley de tierras, porque es importante que la ley 160 del 94 se ponga a tono con el país de hoy.
Hoy la minería a grande escala, específicamente para el año 2012 generó el 80% del presupuesto nacional de la inversión para el año de la referencia. Así de bien contribuye la minería al desarrollo del país. Los ingresos por exportaciones mineras continúan siendo enormes de US $8.250 a pesar de la caída en los precios del carbón, que cayó un 2% del PIB Nacional, que durante el 2008 fue del 2.8% del mismo PIB Nacional, donde el carbón ha caído en los últimos 3 años en un 40% y para el periodo 2012-2013 se han reducido sus niveles de producción por la caída de los precios internacionales; lo que generó en 2012 una disminución de 86 millones de toneladas y afectó a la producción nacional en un 4%.
Con ello la minería ha venido cumpliendo con los planes ambientales como minería sostenible y viene compitiendo en esos niveles con países más desarrollados en el tema como Chile, Canadá o Australia. El documento ambiental está consignado en el documento Conpes 3768 de 2013. Asimismo, la minería a gran escala cumple con su papel en la responsabilidad social y el valor compartido, en unas regiones con mayor índice y sentido de pertenencia que en otras. Esto no ha cambiado, continúa con las mismas proyecciones que estaban en 2013.
Para el caso de La Guajira, el Cerrejón cumple a cabalidad con estas funciones, aunque se han presentado opiniones encontradas entre la multinacional y columnistas de Diario del Norte. El caso del Arroyo Bruno ha generado una contienda entre las comunidades aledañas, la misma empresa y la opinión pública, donde la Corte Constitucional ha pedido a través de un fallo que se hagan las consultas previas para continuar con la explotación del proyecto La Puente, que contiene reservas de carbón de la mejor calidad que se ha dado en el Cerrejón.
Ahora nuestro Departamento en las décadas 60, 70 y 80 su vocación era más agrícola que minera, pero al entrar en operación la Zona Norte y Zona Central todo cambió. ¿Qué hay que hacer? Establecer alianzas para que la minería y agricultura vayan de la mano. ¿Y cómo? A través del diálogo y concertación entre el departamento, municipios y empresas multinacionales, para con una unión de voluntades y repensar en estos dos renglones de la economía, uno y el otro desarrollan actividades en beneficio de la península, con anuencia del Gobierno y generar el encadenamiento hacia adelante y atrás que se da en La Guajira que es de enclave. Hay que hacerlo pronto, porque el 54% de los ingresos provienen de recursos de regalías no directas. Un proceso de reingeniería es de urgencia para que la minería y agricultura concuerden en un punto de equilibrio. La multinacional debe cambiar de estrategias de responsabilidad social a valor compartido. No hay más para que exista esa inercia entre la minería y agricultura.
