En las bases del Plan “se asignará a la Creg la regulación económica de los combustibles líquidos. Así mismo, la Creg revisará la metodología de formación de precio de combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, que incluya tanto el producto nacional como importado”. Ímproba tarea la que le estarían delegando a la Creg, en momentos en los que la Corte Constitucional le dio 2 años al Congreso de la República para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina que certifica mensualmente el Ministerio de Minas y Energía.
El Congreso debería aprovechar esta oportunidad para hacerlo, aunque el proyecto plantea que “los ministerios de Hacienda, Transporte y Energía revisarán el esquema de sobretasa que aplican los municipios para considerar los nuevos energéticos que se incorporen a la matriz para movilidad”. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, según se dice en las bases del Plan, “revisará los subsidios del transporte de combustibles líquidos, gas combustible y crudo, así como los de transporte en zonas especiales, zonas de frontera y diesel marino”. Y ya sabemos que cuando se habla de “revisar”, es el eufemismo que se usa para no decir abiertamente que de lo que se trata es de eliminar el subsidio.
Nos parece interesante la propuesta planteada en el artículo 30 del proyecto para dar cabida a la posibilidad de utilizar “instrumentos y/o contratos de cobertura financiera sobre los precios del petróleo o de los combustibles líquidos en el mercado internacional o sobre la tasa de cambio”, como una forma de enfrentar su volatilidad.
Otro aspecto que tiene que ver con el precio de los combustibles es el atinente al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles –Fepc–, respecto al cual también se plantea que “se hará una revisión… a fin de establecer una metodología que posibilite una estructura con sostenibilidad fiscal a largo plazo”. Se establece en el artículo 31 del proyecto que las “obligaciones derivadas de las cuentas por cobrar constituidas por la Nación al Fepc, creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, prorrogado por el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015, se entenderá extintas a partir de la expedición de la presente ley”, lo cual querría decir en buen romance que quedaría saldado el déficit de $14 billones que acusa el Fepc.
A renglón seguido se dice que “para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, antes del 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Hacienda realizará las operaciones necesarias para la extinción de la deuda de la que trata el presente artículo y de sus respectivos intereses”. Es decir, borrón y cuenta nueva. Pero nos asalta la inquietud de saber cuáles van a ser “las operaciones necesarias” que realizará el Ministerio de Hacienda para hacer desaparecer esa enorme deuda, como si fuera el mago Lorgia.
¿Acaso el Fepc está al día con sus deudas con Ecopetrol y con Reficar? ¿El Ministerio de Hacienda se dará la pela? Allí queda una incógnita.
En el artículo 32 del proyecto se tiene previsto que “el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada establecerá la metodología de cálculo del valor del ingreso del productor –IP– de los combustibles líquidos y los biocombustibles, así como las tarifas y los márgenes asociados a la remuneración de toda la cadena de transporte, logística, comercialización y distribución”. Y añade que “el Ministerio de Hacienda determinará el mecanismo de estabilización de los precios de referencia de venta al público de los combustibles regulados, que se hará a través del Fepc”.
Tremendo lío en que se va a meter el Ministerio de Minas y Energía, porque resulta políticamente incorrecto todo aquello que redunde en un alza del precios de los combustibles, en momentos en los que la racionalidad, de cara a los compromisos adquiridos con los ODS, impone la necesidad de dar señales tendientes a desincentivar el consumo de los derivados del petróleo y no a estimularlo.
Compadezco al ministro que le toque esta ingrata pero impostergable tarea. Si los precios de referencia no reflejan fielmente los costos en que se incurre, que siempre dejan por fuera los costos ocultos de lo que le cuesta al Estado el tratamiento de las enfermedades asociadas a la polución ambiental y las muertes que se le atribuyen, a poco andar reaparecerá y se agigantará nuevamente el déficit del Fepc.
