En horabuena el contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba ha resuelto establecer el Registro Nacional de obras inconclusas en las que están comprometidos recursos públicos, más conocidas como elefantes blancos, que por mandato de la Ley 2020 del 17 de julio de 2020 debe ubicarlas e identificarlas “con el fin de definir su terminación, demolición o las acciones requeridas para concretar su destinación definitiva”.
En este país abundan como la verdolaga las obras que se han quedado a medio palo, convertidas en monumentos a la negligencia, la desidia y la incuria oficial. A ojo de buen cubero, según el contralor general su número supera los 1.400 proyectos, en los cuales se han invertido $25 billones, aproximadamente, faltando datos de otros municipios y departamentos del país.
Esta Ley les da un plazo de un año a alcaldes y gobernadores para que reporten el catálogo de obras inconclusas y abandonadas a su propia suerte en su jurisdicción, pero en su cruzada el contralor general les dio un plazo perentorio hasta el 17 de octubre para que lo hagan a su Dirección de Informe, Análisis y Reacción Inmediata –Diari–, el cual ha sido prolongado un mes más. Según lo ha anunciado su incumplimiento les puede acarrear consecuencias de índole fiscal y disciplinaria. Con motivo de la sanción de la Ley el presidente de la República Iván Duque manifestó que “este país tiene que acabar esa idea nefasta donde si la obra la empezó un gobierno, el que le sigue no la termina”.
Y no le falta razón, pues la manida promesa de “construir sobre lo construido” suele ser sólo retórica, la obsesión de los nuevos mandatarios es la de alcanzar victorias tempranas echando mano de los mangos bajitos y muy poco dados a sembrar semillas cuando estas sean de tardío rendimiento.
Ello los lleva a dejar de lado aquellos proyectos que según sus cálculos, por el limitado período de gobierno, no alcanzarían a cortar la cinta en su inauguración y a abandonar aquellos que sus predecesores dejaron iniciados. Ello se traduce en la dilapidación en unos casos y en la ineficiencia en la inversión en otras. A Colombia, definitivamente, le hace mucho daño que el largo plazo se reduzca a sólo cuatro años, que es el período constitucional de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes.
Según los registros preliminares de la Contraloría General, los departamentos punteros en el listado de elefantes blancos son, en su orden, Tolima con 96, Antioquia con 92, Boyacá con 84, Bolívar con 83, Meta con 82, Valle con 81, Nariño con 72, Cundinamarca con 71 y Arauca con 66. Pero, cuando se consideran los proyectos más costosos, de mayor impacto y relevancia, se destacan tres que se llevan la palma: el túnel unidireccional de La línea, el Puente Pumarejo y la Represa del Ranchería. Estos tres elefantes blancos son fuera de serie y la Contraloría General les debería poner la lupa.
Si se la pone a la Represa del Ranchería en el departamento de La Guajira se van a llevar muchas sorpresas. Este es un proyecto multipropósito, que tiene por objeto irrigar 18.536 hectáreas de cuatro de sus municipios (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), generar entre 7 y 10 MW de energía y el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Departamento.
Este proyecto no ha contado con suerte: en 1998 cuando estuvo a punto de adjudicarse el contrato para su diseño y construcción en la administración Samper, se malogró al declararse desierta la licitación por parte de su sucesor Andrés Pastrana. Luego, en la administración Uribe se revive el proyecto, se construye la presa El Cercado a un costo de $638.000 millones, la cual se inauguró en diciembre de 2010. Y desde entonces allí están embalsados 190 millones de metros cúbicos de agua, mientras a la gente y a la tierra nadie les calma la sed.
Mientras no se construya la segunda fase de este proyecto, que comprende el sistema de riego, drenaje y la red de conducción principal, secundaria y predial, amén de la red de conducción de los acueductos, la represa del Ranchería seguirá siendo un elefante blanco.
Razón tuvo el excontralor Edgardo Maya, quien no dudó en señalar que “se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto para lo cual se desarrolló la obra objeto del mismo, no se ha concretado; salvo el objetivo relacionado con el caudal del Río”. La Auditoría efectuada a este proyecto arrojó hallazgos tanto fiscales, por un presunto detrimento patrimonial, como administrativos y disciplinarios “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”. ¡Así de claro!
