En el marco del conflicto armado colombiano se han cometido muchos crímenes contra la integridad personal.
Homicidios, masacres, torturas, desapariciones forzadas, abuso de menores de edad y secuestros se cuentan entre las prácticas más repudiadas en la extensa confrontación. Este último es tal vez el peor de ellos, se convierte en una tortura permanente para la víctima y su familia, ante la incertidumbre de las condiciones del encierro.
El secuestro es uno de los delitos más bajos de degradación del ser humano. La escena de los “campos de concentración” de las Farc parecía sacada de una película de terror. Los encadenados eran maltratados física y sicológicamente, con el temor constante que en cualquier momento los asesinaban.
El secuestro es abominable, nunca debió usarse como una manifestación de la guerra interna. Rompe con las normas establecidas en el derecho internacional humanitario para los actos permitidos en los conflictos. Sus marcas permanecerán como una tinta imborrable en las familias de las personas retenidas y en las propias víctimas, muchas de ellas nunca regresaron.
Por eso la indignación generalizada con la presencia de los excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para entregar su versión sobre lo sucedido con las retenciones ilegales. Tratar el tema en ese escenario revivió heridas profundas que nunca sanarán. El registro oficial indica que hubo 34.814 víctimas de este delito y 165.927 desapariciones forzadas. En la audiencia la Procuraduría informó que por lo menos 522 personas fueron asesinadas en cautiverio.
Una excusa pública o un perdón que se pronuncia con el único objetivo de cumplir el requisito establecido en los acuerdos suscritos en La Habana, se convierte en ofensa para quienes lloran la ausencia de sus seres queridos. Cuando se están integrando nuevos frentes de bandas de delincuencia por los disidentes de la guerrilla, no se puede permitir que esa práctica vuelva a ser una de las principales actividades económicas de los grupos alzados en armas.
Las Farc no explicaron por qué encadenaban a los secuestrados, dejándolos a la intemperie, sometidos a las variaciones del clima en la selva. Eran comercializados con exigencias de millonarias sumas de dinero a cambio de la libertad, que no estaba garantizada con el pago porque como toda negociación con delincuentes el cumplimiento de los compromisos no hacía parte de un código de honor, palabra no incluida en el diccionario de los subversivos.
En el caso de los miembros de la Fuerza Pública, las Farc se excusó diciendo que eran prisioneros de guerra, pero no recibían trato como tales. En los campos de concentración no había el más mínimo asomo de dignidad para los cautivos. Ni hablar de las polémicas pruebas de supervivencia, la guerrilla mostraba videos de los secuestrados en condiciones lamentables, alardeando de ellas como si fuera una gran concesión en su ‘voluntad de paz’.
Todas estas situaciones aún presentes, que alimentan el rechazo a cualquier manifestación de restricción de la libertad por parte de grupos de delincuencia, revivieron en la audiencia celebrada en la JEP, sin que las Farc pueda justificar delitos tan aberrantes cometidos bajo la excusa de una lucha armada.
