En el taller de publicidad que tenemos hace más de 40 años en el municipio de Maicao, mis hermanos Iván y Tania Peñalver, junto con mi sobrino Adolfo, discutíamos sobre el cómo nos tocaba cerrar emulando la época de Pandemia por esta tremenda ola de inseguridad que vivimos actualmente. Cuando de pronto llega el amigo Eduardo Abuchaibe y sin más ni más, nos sale con un titular a la situación que recogió todo lo pensado… “Balandemia”. Este término es la descripción cruda de lo que pasa en la sociedad guajira, que ha quedado confinada, no por un Decreto sanitario, sino por el estruendo de las balas y el terror que imponen quienes se creen dueños de nuestra geografía ante la mirada impávida, y a veces cómplice, de la institucionalidad.
Es doloroso ver cómo la seguridad en nuestro Departamento se ha convertido en un ‘ping-pong’ de responsabilidades. Por un lado, tenemos a un gobernador que, en un ejercicio de equilibrismo político, pretende lavarse las manos lanzando dardos hacia el Gobierno nacional y hacia alcaldes de municipios críticos como Maicao. Si bien es cierto que la seguridad es una política de Estado, la máxima autoridad del Departamento no puede fungir como un simple espectador o un crítico de Twitter. Gobernar es gestionar, es liderar, y sobre todo, es asumir el mando de una situación que se le ha escapado de las manos. Mientras los mandatarios se culpan mutuamente, la comunidad permanece sumisa, encerrada en sus casas, consumiendo con horror los videos que circulan en redes sociales donde los delincuentes exhiben su poderío sin ningún pudor y al mejor estilo influencer.
Para quienes hemos caminado estas calles la crisis actual no es una sorpresa. Hace más de cinco años, en un inusual ejercicio de apertura, se nos permitió participar en un consejo de seguridad ampliado junto al viceministro de Justicia. En aquel momento, líderes sociales y organizaciones civiles entregamos datos reales, cifras que no se cocinaron en una oficina fría en Bogotá, sino que emanaban del clamor de las comunidades. Presentamos incluso el informe del Laboratorio Internacional contra el Delito, un documento técnico que desnudaba la vulnerabilidad de nuestra frontera y la permeabilidad de nuestras zonas rurales.
En aquel recinto, advertimos lo que hoy es una realidad innegable: las Fuerzas Militares y de Policía están condenadas al fracaso desde el mismo momento de su evaluación operativa. ¿La razón? Una diferencia abismal entre la población cubierta oficialmente y la realidad del territorio. Las cifras estatales, esas que se usan para asignar el pie de fuerza, ignoran sistemáticamente el flujo migratorio, la población flotante y los asentamientos informales. Denunciamos en su momento que había un margen de error del 20% entre los censos oficiales y el número real de habitantes que requieren protección, hoy se estima que hay una diferencia de más del 70%.
«No se puede proteger lo que no se reconoce. Si el Estado cree que en Maicao o en Riohacha viven 100 personas pero en realidad hay 120, ese 20% de diferencia es el caldo de cultivo perfecto para la inseguridad y el desgobierno.»
Esta desconexión matemática entre la planeación y la realidad da al traste con cualquier mecanismo de seguridad. La Policía y el Ejército en La Guajira están en una desventaja técnica y numérica humillante. Se les pide resultados con recursos diseñados para una población que ya no existe, bajo una lógica centralista que ignora la complejidad de nuestra frontera. Un cuadrante que debería cubrir diez barrios termina atendiendo treinta, y en esa dilución de la autoridad, la delincuencia se fortalece.
Es inaudito que el alcalde de Maicao y otros mandatarios locales se limiten a ver cómo la delincuencia organizada y común dicta la agenda ciudadana. La comunidad guajira hoy vive bajo la dictadura del ‘reenvío’: un video de un atraco a plena luz del día, un panfleto amenazante o una ejecución grabada se vuelven más efectivos para el control social que cualquier política de convivencia. La gente ya no confía en la denuncia porque siente que el Estado es un gigante con pies de barro, sostenido por cifras falsas y discusiones políticas faranduleras.
La Balandemia no se cura con comunicados de prensa rechazando los hechos violentos. Se cura con la actualización de la realidad sociodemográfica de La Guajira para que el pie de fuerza sea el que realmente necesitamos. Se cura con una Gobernación que deje de mirar hacia Bogotá para buscar culpables y empiece a coordinar de manera efectiva con los alcaldes y con el mismo presidente, exigiendo resultados, pero también brindando herramientas.
No podemos permitir que el informe que entregamos hace cinco años siga acumulando polvo en un cajón mientras la sangre sigue corriendo por las calles de Maicao y el resto del Departamento. El liderazgo social ha cumplido con informar, con alertar y con proponer. Ahora le toca a los que ostentan el poder dejar de ser comentaristas de la tragedia y empezar a ser arquitectos de la seguridad.
La paciencia tiene un límite y la valentía no supera la prudencia en estas tierras.
