El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno desde el 8 de agosto pasado entró de frente, y pisando fuerte, pero en la recta final saldrá en reversa apoyado por las bancadas mayoritarias que integran la coalición de gobierno.
A pesar de que sigue manteniendo la decisión de aumentar el recaudo de las rentas, son muchas las modificaciones incluidas ante la presión y el inconformismo expresado por los gremios y empresarios nacionales, y hasta de los Estados Unidos, ante las advertencias de que puede tener efectos negativos en las exportaciones de bienes y servicios, además de afectar el tratado de libre comercio suscrito y en vigencia.
El texto original tenía la intención de sacar plata hasta debajo de las piedras, con una proyección de recaudo para el primer año de $25 billones, con el argumento de que Colombia es uno de los países que menos impuestos recauda en América Latina; con los ajustes incluidos en las discusiones del primer debate en comisiones conjuntas fue reducido a $22 billones, que no es cualquier bicoca, y ahora llegará a las plenarias con una proyección de recaudo cercano a los $20 billones.
El único consenso es la necesidad de hacer las reformas para lograr el recaudo de los recursos para que el gobierno financie un ambicioso programa de cambio y mayor justicia social expuesto durante la campaña, elevando los impuestos a los más ricos y a las personas que siempre han tenido un tratamiento tributario de privilegios.
Sin embargo, esta reforma tributaria tiene el mismo criterio de la reforma del gobierno pasado: aumentar los impuestos para aumentar el recaudo, pero en aquella ocasión originó el movimiento de protesta que se denominó “el estallido social”, con el cual pusieron el país “patas arriba”, destruyendo todo lo que encontraron por delante y cuyos efectos todavía se están sintiendo en la economía.
En esta ocasión, con la reforma de Petro, y aprovechando la legitimidad del recién elegido, también se han presentado protestas, marchas y manifestaciones, pero sin destruir los bienes ajenos. Tienen que reconocer tanto lo uno como lo otro, porque ahí están los hechos que hablan solos.
En todo caso, una cosa es la reforma que presenta el gobierno y otra es la que se aprueba en el Congreso. Si se tiene en cuenta que el proyecto original generó muchas reacciones en contra y es poco lo que ya va quedando luego de haber llevado a cabo varias modificaciones en el trámite cumplido en las comisiones; y ya está lista la ponencia para discusión en las sesiones plenarias de Cámara y Senado.
Entre los cambios más notables se confirma que no incluye el impuesto a las pensiones altas; fue modificada la fórmula para la sobretasa al impuesto de renta para el sector petrolero y el carbonero, y ahora dependerán del precio internacional de cada materia prima, aunque se mantiene la rasquiña de las empresas de hidrocarburos porque el presidente sigue empecinado en mantener la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta; se mantiene el régimen de zona franca para las empresas que operan en esas zonas con tarifas diferenciales del impuesto del 20 % sobre las ventas en el exterior y el 30 % en el mercado interno; en cuanto a la cárcel para evasores, aseguró el ministro de hacienda que paguen condenas en prisión los reincidentes, en el sentido de que “Primero paga, segundo paga con una multa adicional y la tercera va a la cárcel”; las iglesias no pagarán impuestos sobre lo que reinvierten en actividades filantrópicas; fue eliminado el impuesto a los alimentos ultraprocesados, y sigue la discusión sobre los dividendos y el impuesto al patrimonio.
Cambio Radical y Centro Democrático ya han dejado constancia para negar la aprobación del proyecto, mientras que el Partido Liberal ha ido cediendo en la medida en que la burocracia también ha ido cediendo a su favor. Por su parte, los conservadores y La U están casados con apoyar la reforma, independiente de lo que incluyan, siempre que les mantengan sus cuotas burocráticas. Así son las reformas tributarias.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí…
