Colombia cada día se hunde más en el precipicio por culpa de los servidores públicos que la utilizan las administraciones públicas como plataforma para enriquecimiento fácil e ilícito, que adquieren durante el tránsito de determinado periodo de gobierno, nacional, departamental, distrital y municipal.
Quieren y persiguen las cargos públicos no con la finalidad de servir y cumplir las funciones, sino de apropiarse con las prácticas de corrupción de todo lo que pueda sacar y aprovechar para sanear obligaciones pendientes, adquirir bienes y amasar capital económico, extraído de las instituciones públicas o como resultado de manejos oscuros y torcidos que maniobran irregularmente quienes lo único que les interesa es incrementar los recursos del patrimonio familiar.
No veo por dónde estabilizar este país, del Sagrado Corazón de Jesús, secuestrado y acaparado por los corruptos que ejercen como autoridad, las instituciones públicas carcomidas sin esperanza de restaurarla ni transformarlas, si no se descontamina el mal de raíz. Cómo sustituir a los corruptos adueñados y sembrados en la administración pública, si los premiamos religiéndolo indefinidamente. De la corrupción no se salva ningún servidor público, bien sea porque es participe del ilícito e irregular conducta o lo permita por seguridad y subsistencia. ¿Cómo no ser corrupto en un modelo de prácticas rutinarias, asimiladas como normales en todas operaciones manipulables, relacionadas con los servicios administrativos públicos? Los controles de organismos competentes son ficticios y los arropan en la misma sábana.
Aparte de los que se roban y apropian en las administraciones públicas, dejan huellas desastrosas y funestas que originan demandas contra la Nación por causa de irresponsabilidad en el ejercicio operativo administrativo, judicial, fiscal, penal y disciplinario.
Colombia tiene demandas que sobrepasan los cientos de billones, materializadas en un volumen que hoy día superan los 400 mil, procesos originados en ministerios, departamentos administrativos, Policía, Ejército, Fiscalía, DAS, ISS, salud, medio ambiente, judiciales, autoridades y oficinas públicas, entre otras.
La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, quien le toca enfrentar los chicharrones, le queda muy poco margen para garantizar una defensa favorable; los hechos deprimentes y certeros que contienen las demandas, la dejan sin opción del éxito.
Lo grave de todo este cuento es la falta de repetición contra los responsables, que causan los daños de reparación a la que se ve obligada a sufragar con pago la Nación, que no alcanza a recuperar por concepto de repetición de pago ni el 1% de lo que cancela anualmente. En síntesis, la Nación queda bandeada de costado. Por un lado, los servidores públicos se benefician personalmente, negociando los servicios que presta, y por el otro lado, causan daños y perjuicios que termina pagando la Nación sin afectar el patrimonio de los responsables.
La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y la Contraloría General de la República en procura de menguar el número de demandas que generan intereses moratorios, han decidido de mutuo acuerdo convocar a los demandantes a conciliar algunos procesos, buscando rebajar los montos económicos pretendidos y destrabar el volumen de trámites en curso judicial, amparado para este año con un presupuesto de 3.25 billones de pesos.
