“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes, si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz”. Este aforismo de Javier Sicilia, cobra especial vigencia en La Guajira, justo por los vergonzosos y deshonrosos episodios protagonizados recientemente por jueces que, pasaron de ser quienes imparten justicia, a ser perseguidos por la misma.
Este año, tuvimos el duro golpe a la imagen de nuestra justicia, por la muy publicitada orden de captura en contra del polémico juez segundo penal promiscuo de Maicao, Vladimir Daza Hernández, hecho con mucha resonancia nacional por la gran cantidad de graves delitos que se le imputaron. Ya antes, en el 2018, se le había librado una medida similar, pero, la mano de un colega, lo libró del escarnio y los restituyó en su cargo. Cosa distinta hizo la juez Nayke Pimienta Reverol, quien sí tuvo los pantalones para castigarlo. Daza quedó perfilado, no solo como uno de los jueces más corruptos del país, sino uno de los más peligrosos aliados de las bandas criminales organizadas y, un juez que vendía sus fallos al mejor postor. Lejos de afrontar los cargos, como todo sujeto que respete la ley, salió huyendo, lo que pone más lodo a su ya mancillado nombre. Por algunas decisiones, como dejar en libertad a la hermana de alias ‘Otoniel’, Daza debió poner pies en polvorosa porque como lo dijo Publio Siro “La absolución del culpable es la condena del juez”.
Daza protagonizó algunos de los más sonados casos con decisiones desconcertantes y que crearon mucho desgaste como el salvavidas a la gerente del hospital de Uribia y el alcalde de Manaure. Para entonces, se creó entre los litigantes en La Guajira, el imaginario que en asuntos de decisiones judiciales, en Maicao “todo se resolvía con plata”, como me confesó un amigo abogado. Uno entiende así, el afán de los defensores de sonados casos como el de Oneida Pinto y un exalcalde de Riohacha, para que sus casos se radicaran en Maicao y, en el primer caso, los intentos de la Fiscalía y Procuraduría para evitarlo.
No habíamos salido de esta vergüenza cuando en estos días se captura en su residencia de Villanueva, a otro juez guajiro. El juez promiscuo de San Juan del Cesar, Harold Daza, fue llevado ante un juez de Valledupar para responder por cargos de prevaricato por acción en la modalidad agravada en concurso homogéneo y sucesivo.
Aunque prima la presunción de inocencia, la sola sindicación, es evidencia de las máculas que se ciernen sobre nuestros jueces.
Y no solo afecta la imagen de los dos imputados, sino que, en efecto reflejo, arroja turbiedad sobre un gremio en el que hay aún gente honesta, imparcial y de decisiones ajustadas a la ley. Son este tipo de tipo de conductas reprochables las que ayudan a consolidar representaciones estigmatizantes como esa según la cual “La Guajira es tierra sin Dios ni ley”.
Los involucrados en grandes casos, están buscando esos jueces de provincia, estos administradores de justicia de municipios y no de capitales, como en este caso Maicao, San Juan o Hatonuevo, para decisiones que contrarían toda lógica y jurisprudencia. Allí se concretiza otra máxima anónima que reza: “De juez de poca conciencia, no esperes justa sentencia”.
Así como sucedió en el tristemente célebre caso del “cartel de la toga”, a los jueces guajiros que son la última reserva moral de nuestra devaluada justicia, les corresponde cerrar las puertas a ese tipo de decisiones y jueces, en lugar de seguir la inercia de la “solidaridad de cuerpo”.
También, tener los pantalones para que no haya impunidad en los delitos de poder ya que las cifras son tozudas: no se conoce casos de un alcalde o gobernador en función o saliente que haya sido condenado por un juez del departamento, los que han sentido el brazo de la justicia ha sido por parte de togados de otros departamentos. Lo anterior demuestra que, o tenemos los políticos más pulcros del país o una justicia bizca. Como dijo Francisco de Quevedo: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”.
