La corrupción en Colombia, como en La Guajira, viene de tiempo atrás, pero en estas últimas décadas su nombre ha retumbado mucho más.
Se dice que no obstante ser difícil medir la corrupción, existen algunas herramientas con las que se puede conocer su estimación, todo está en que los organismos de control y vigilancia se lo propongan porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra de Colombia y La Guajira, teniendo en cuenta que nuestra Gobernación es la segunda con el índice de transparencia más bajo (41,7%).
La incertidumbre de si aceptar esta práctica, de admitir a los que cometen estos delitos y rendirles pleitesía después que son cuestionados y hasta encarcelados y salen a disfrutar del dinero mal habido paseándose de la sala al corredor por toda Colombia y La Guajira; nos pone ante la disyuntiva de actuar bajo los principios de la honestidad o como delincuente, de andar por el correcto camino e inculcarles valores a su familia y a la sociedad o transitar por el sendero del enriquecimiento ilícito a corto tiempo cueste lo que cueste, para con ese dinero espurio ostentar opulencia con mansiones suntuosas, vehículos de alta gama, joyas, bienes raíces de toda clase para él y su familia, prendas de vestir de marca fungiendo de ricos emergentes, aspirar a cargos de elección popular gastándose el dinero que no ha ganado con el sudor de su frente, cuando hacía poco tiempo era un desconocido, un simple pobre hijo de papá y mamá o como dicen los dilectos amigos uribieros “limpios y cara de v….”, pero ahora son de “papi y mami”.
Pocos, poquísimos son los colombianos y guajiros que pueden tirar la primera piedra, que pueden presumir de honestidad plena, ya que como humanos estamos propensos a equivocarnos, cometer errores y pecados así sean veniales con el simple y sano propósito de beneficiar a alguien.
Con mucho acierto se ha dicho que la corrupción es la costosa plaga que carcome a Colombia en general y a La Guajira en particular, definido por el diario costeño El Heraldo como “el peor de los males que nos aqueja, enfermedad más maligna de los cánceres”, que en criterio del excontralor Edgardo Maya Villazón, le cuesta a la nación unos 50 billones de pesos al año, casi un billón de pesos por semana, ya que se registran decenas de hechos de corrupción que invadiera a servidores públicos desde los más encopetados afrontando investigaciones y sanciones penales y administrativas.
Los tipos de corrupción más frecuente son: peculado, soborno, cohecho, la apropiación de bienes públicos, la extorsión que genera detrimento patrimonial y el nepotismo; como es habitual la sucesión del poder en familias colombianas y guajiras sin importarle el cuestionamiento de sus indebidas conductas en lo legislativo y administrativo.
A pesar de que el Estado ha implementado normas y utilizado todo tipo de herramientas para luchar contra los tentáculos de la corrupción, como la expedición del Estatuto de Seguridad, para combatir el narcotráfico el expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) planteó la indigna e indecorosa formula de solución a la corrupción a manera de cortina de humo “tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”, sofisticada expresión acuñada que oficializó los zarpazos económicos, que desde entonces se incrementó no en proporción aritmética sino geométrica.
La fórmula del Banco Mundial y la Ocde (Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico) para aumentar la transparencia, las leyes de acceso para la información pública en el 2014 y reducción de trámites en el 2012, nada ha impedido que los gobernantes y dirigentes se enriquezcan ilícitamente, cuyos delitos en la mayoría de las veces quedan impunes. (Continúa)
