En días pasados el país entró nuevamente en el debate de la conocida “cláusula Petro” mediante la cual, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, “las partes de un contrato pactan que solo empezaría a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales, o que se dejará sin efectos si el mismo Petro se convirtiera en presidente”.
Cada cuatro años el país se ve abocado al debate por cuenta de la inseguridad jurídica que plantea la candidatura y posible triunfo de Gustavo Petro para el capital nacional y extranjero.
Ahora bien, en el tema político que nos ocupa en esta coyuntura del país, debo decir que el candidato Petro está obligado a manifestarse sobre el tema ante esta situación.
¿Y por qué debe manifestarse Petro? Porque su silencio es lo que realmente le hace daño a los capitales de inversión y a la democracia misma, además de que causan pánico la filiación ideológica del candidato de la izquierda más radical en Colombia, y sus manifestaciones en el sentido de “expropiar” empresas privadas.
Gustavo Petro modificó sus manifestaciones en este sentido con la palabra “democratizar” dando a entender que despojará a los empresarios de sus empresas para nacionalizarlas en nombre “del pueblo”.
Sin embargo, aunque manifieste que no busca “democratizar” el capital privado no es garantía de que no lo haga si gana la presidencia. Ahí tenemos a Venezuela, más de dos décadas arruinada por perseguir la propiedad privada; Argentina está destruida por un sistema económico que odia el capital privado al que acude cuando lo necesita y luego se niega a pagarlo; por su parte Cuba, modelo económico de referencia para el candidato Petro, ya no hay ni siquiera necesidad de hacer referencia; de sus alfiles en Perú y Chile se esperan resultados no menos desastrosos.
Y habla de un supuesto “progreso en China”, que no es el ejemplo adecuado, porque allá nunca ha existido democracia, pues desde 1949 son comunistas por imposición y eliminación del contrario. Los afectos a Petro afirman que dicha cláusula tiene un “efecto perturbador” para que una determinada persona gane las elecciones. Estos mismos defensores de Petro les piden a los comerciantes que “actúen de buena fe”, cuando su defendido es quien no actúa de esa manera.
No es la denominada cláusula Petro la que pone en jaque nuestra democracia, es la candidatura en sí misma, pues los capitales desconfían de la figura de este señor. Son conocidos los desastres que resultaron de la alcaldía de Gustavo Petro cuando gobernó Bogotá. Los contratos fueron sus peores manifestaciones de una pésima administración. Los camiones de basura comprados en Estados Unidos, ya obsoletos, reparados, destruidos y parapetados para parecer en buen estado.
Pero no solo ese contrato; los que firmó para prorrogar los buses de Transmilenio que ya habían agotado su vida útil, exponiendo de forma irresponsable la vida de los usuarios. Todo lo anterior, para decir que este señor no es el mejor administrador del capital público, lo cual lo inhabilita aún más para el cuidado del capital privado. No es posible culpar a los empresarios que quieren proteger su capital de una posible expropiación o, incluso de una posible quiebra por la desconfianza que puede generar en el mercado internacional una candidatura de extrema izquierda en Colombia, y más aún, una presidencia de este tipo en el país. Es sabido por todos, sin necesidad de ser economistas, que el capital privado está donde le ofrecen seguridad jurídica y se marcha de donde la seguridad desaparece.
Gustavo Petro arroja a Colombia a la inseguridad jurídica, al pánico en el capital privado de empresas grandes y de Pymes y eso es solo culpa de su propio discurso, no de la denominada Cláusula Petro. Desde aquí, invito al candidato de la Colombia Humana a que se comprometa ante el país a que no va a ejercer de un segundo Hugo Chaves si llegara a conseguir la presidencia de la República. De lo contrario, estamos frente a un silencio que está confirmando su deseo de “democratizar” a su manera las grandes empresas y Pymes nacionales y extranjeras.
