Como es bien sabido, a Colombia la ronda el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de crudos para cargar sus refinerías, lo cual la obligaría a tener que importarlo, en razón de las precarias reservas probadas con las que cuenta (1.782 millones en diciembre de 2017), que sólo garantizan el suministro para 5.7 años.
Para conjurar este peligro, se plantea en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 que se tramita en el Congreso de la República, la necesidad de reactivar “la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales”, para lo cual se busca fortalecer “un régimen fiscal competitivo” y el robustecimiento por parte de la ANH de “los términos contractuales, que permitan ubicar al país entre los más atractivos de Latinoamérica para la inversión en el sector de hidrocarburos”.
Consciente de las falencias que acusa la institucionalidad del sector se dice que, a partir de los resultados de los distintos estudios, “se mejorará, de ser necesario, la institucionalidad, el marco contractual y la normatividad (Pacto por la Sostenibilidad), que deberá cumplirse y fiscalizarse para la exploración y producción de estos hidrocarburos”, al igual que para “los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera… con las mejores prácticas internacionales”. Con ello se le estaría dando respuesta al Informe presentado por la Comisión de Expertos, que contiene sus conclusiones y recomendaciones presentado el pasado 14 de febrero, el cual concluyó: “cumpliendo unos requisitos, se puede avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con técnica de fracturación hidráulica propuestos en los programas exploratorios” por parte de Ecopetrol.
Por mi parte propondría que, si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión de expertos, se integre un Panel de expertos con la finalidad de que el mismo monitorée y le haga seguimiento a la implementación de los pilotos y al término de este ensayo evalúe y valide sus resultados, para que, dependiendo de estos, decidir si de el paso subsiguiente de la comercialidad del procedimiento.
En nuestro concepto las condiciones están dadas y la industria lo que demanda es, fundamentalmente, seguridad jurídica, que no les cambien las reglas de juego en la mitad del juego y que la coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la actividad extractiva, como lo mandó la Corte Constitucional en recientes fallos, se materialice, amén del diálogo informado con las comunidades, para que de esta manera se viabilicen los proyectos.
Extrañamente, en las Bases del Plan no se espera incrementar las reservas y la producción ni de petróleo ni de gas natural sino mantenerlas al mismo nivel del año 2018; en el caso de la producción de petróleo dicha meta (854 mil barriles/día) está incluso por debajo del volúmen de producción que sirvio de base para la aprobación del Presupuesto para la vigencia de 2019 (872 mil barriles/día). Ello no se corresponde con las metas que se esta imponiendo el Plan de aumentar el número de pozos exploratorios, pasando de 46 en 2018 a 207 y en cuanto a sísmica se propone pasar de correr 1.107 kilómetros a 6.900 kilómetros.
Huelga decir, que asegurar el autoabastecimiento no tiene porque alejarnos de la transformación productiva como estrategia para diversificar la economía y reducir la dependencia con respecto al petróleo. Para nadie es un secreto que, a las modestas reservas de crudo con las que cuenta el país, se viene a sumar el hecho cierto que el petróleo va de retirada por cuenta de la Transición Energética GlobaL, razones suficientes para que el país tome en serio esta estrategia para evitar sobresaltos hacia el futuro.
Sorprende que se diga en el proyecto que será la Presidencia de la República la que “coordinará las entidades con competencias en materia de viabilidad, permisos y licencias para el desarrollo de proyectos energéticos de transporte, extracción y producción, con el fin de atender los requerimientos con la oportunidad respectiva”. A todas esas cabe preguntarse en qué quedan los ministerios del ramo, acaso no se confía en ellos para que asuman sus propias responsabilidades y competencias. Por qué, más bien, no se apela al instrumento creado mediante el Conpes 3762 de agosto 20 de 2013, que establece los “lineamientos de políticas para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos –Pines–”, que ha mostrado y demostrado su eficacia para hacer más expeditos los procesos de licenciamiento y permisos para la ejecución de los proyectos.
