Sin precedente en la historia colombiana que otro Estado con sus decisiones pretenda influir en las decisiones soberanas, autónomas e independientes de las autoridades legítimamente constituidas.
Me refiero a la inmunda e indebida intromisión del país del norte contra magistrados de las altas cortes, al parecer, por trascendentales decisiones en ejercicio del poder soberano que les confieren la Constitución de 1991 y las Leyes. Sin desconocer que es una decisión autónoma, que no se puede discutir ni judicial ni administrativamente.
El revuelo político, administrativo y jurídico que ha causado las decisiones del país del norte de cancelar la visa a varios magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en particular, el ponente de la ley estatutaria de la JEP y ahora de las objeciones en el Senado, entre otros.
El Consejo de Estado y Justicia Especial de Paz han expresado su malestar y rechazo cualquier tipo de injerencia y presión que pueda ejercer cualquier Estado frente a las decisiones judiciales que están soportadas en la autonomía e independencia.
Así mismo, se pronunció la Justicia Especial de Paz, cuando sostuvo “respeta la autonomía de los Estados y sus diplomáticos, rechaza cualquier decisión o circunstancia que sirva de mecanismo de presión indebida frente a decisiones judiciales”.
Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura, que rechaza “cualquier clase de acto que pretenda menoscabar la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
Todo lo anterior, al parecer como consecuencia de los temas álgidos que manejan las altas cortes, en particular la Constitucional que, como “la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución”, maneja temas claves que afectan a Estados Unidos, como la decisión sobre el glifosato, las objeciones a la JEP, otros.
Lo cierto e irrefutable es que el país se debate en una profunda crisis igual a mayor que la vivida por los hermanos venezolanos, al igual que ellos, aparece como el “ave fénix” el ‘Tío San’, a dar cátedra de legalidad y transparencia, cuando nuestra independencia y autonomía así sea normativa, nos señalan que nuestros problemas, independientemente si el gobierno, la oposición o las altas cortes lo están o no haciendo bien, lo menos que requerimos y exigimos es respecto al Estado de Derecho, sus instituciones y por supuesto a los servidores públicos en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
No se discute que tenemos serios problemas por el alto índice de indelicadezas en la administración y uso de los recursos públicos a todos los niveles de la institucionalidad.
Tampoco podemos ocultar la falta de credibilidad, sobre todo por el aberrante caso del ‘Cartel de la Toga’. Empero, inaceptable es que servidores públicos de otros Estados pretendan con intimidación someter a los magistrados.
Adenda única: Respeto pero no estoy alineado con el gobierno, tampoco con la oposición; apoyo el Estado de Derecho, en el entendido que cualquier interferencia externa, acto injusto, persecución contra cualquier autoridad pública, constituye una agresión contra la independencia y autonomía a la que hace referencia la Constitución de 1991.
