En un contexto marcado por décadas de desnutrición infantil y abandono estatal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha logrado avances significativos en La Guajira durante 2024, beneficiando a 100.000 niños wayuú y 10.000 afrodescendientes. Esta transformación, liderada por la directora del Icbf, Astrid Cáceres, no habría sido posible sin la voluntad política del presidente Gustavo Petro Urrego, quien ha priorizado el cierre de brechas sociales como eje central de su programa Colombia, Potencia Mundial de la Vida.
Un panorama de abandono y desigualdad
Históricamente, La Guajira ha enfrentado índices alarmantes de desnutrición infantil. En años recientes, la mortalidad por esta causa superaba las 50 muertes anuales oficialmente reportadas, mientras las condiciones estructurales perpetuaban la exclusión de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Durante décadas, los programas estatales de atención estuvieron en manos de grandes contratistas nacionales, ajenos a la realidad local, quienes ejecutaban los recursos de manera ineficaz y sin respetar las dinámicas culturales de la región.
Este modelo no solo fallaba en sus objetivos, sino que incrementaba la desconexión entre las comunidades y las instituciones del Estado. Para muchas familias wayuú y afro, el Icbf se percibía como inaccesible, distante e incapaz de responder a sus necesidades más urgentes.
La transformación del Icbf: inclusión, eficacia y arraigo
Bajo la dirección de Astrid Cáceres y con el respaldo del presidente Petro, el Icbf adoptó un enfoque radicalmente diferente. La operación de los programas fue entregada directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, empoderando a organizaciones locales para gestionar los recursos y ejecutar acciones en sus territorios.
Este modelo transformador permitió que quienes padecen las problemáticas fueran los mismos encargados de solucionarlas. Las organizaciones locales, conocedoras de las dinámicas culturales y sociales, implementaron estrategias innovadoras, como la incorporación de alimentos tradicionales en las dietas infantiles y talleres de formación en salud y cuidado basados en prácticas ancestrales.
“Hoy el Icbf está en manos de quienes mejor entienden a nuestras comunidades: su propia gente. Esto ha cambiado todo; no es solo recibir ayuda, es construir juntos soluciones para el bienestar de nuestros niños”, expresó un líder wayuú involucrado en el programa.
Resultados contundentes: más allá de las cifras
El impacto de este modelo es evidente. En 2024, la mortalidad por desnutrición aguda en menores de cinco años se redujo en un 23,26% a nivel nacional, mientras que en La Guajira la detección de casos aumentó en un 20,23%, gracias a un fortalecimiento en los mecanismos de búsqueda activa y atención temprana.
A nivel local, los Centros de Recuperación Nutricional, ahora gestionados por las comunidades, atendieron miles de casos, garantizando un enfoque integral y culturalmente pertinente. Además, la contratación de más de 1.200 personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes fortaleció la economía local y generó empleo directo, impactando positivamente el tejido social.
La voluntad política como eje del cambio
Estos avances no serían posibles sin la visión y el compromiso del presidente Gustavo Petro, quien ha situado el cierre de brechas sociales como una prioridad de su Gobierno. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, se han destinado recursos y esfuerzos significativos para atender las necesidades históricas de territorios como La Guajira.
“El respaldo del presidente Petro ha sido fundamental. Su apuesta por garantizar derechos básicos como la nutrición y la salud en las comunidades más vulnerables ha transformado la manera en que el Estado llega a estos territorios”, destacó Astrid Cáceres, quien ha liderado esta transformación con un enfoque basado en la vida, la inclusión y la paz.
Hacia un modelo sostenible y replicable
El desafío ahora es consolidar este modelo y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La experiencia de La Guajira demuestra que, cuando las comunidades son incluidas como actores principales y cuentan con el respaldo político necesario, se pueden superar retos históricos.
El Icbf, bajo la dirección de Astrid Cáceres y con el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, ha sentado un precedente en la lucha contra la desnutrición infantil en Colombia. Más allá de los indicadores, esta transformación refleja un cambio estructural en la relación entre el Estado y las comunidades, marcando un camino hacia un futuro más justo, inclusivo y digno para los niños y niñas de todo el país.
