Mientras el exministro Andrés Camacho adujo, sin fundamento alguno y a contrapelo de la cifra oficial proporcionada por la gestora del mercado del gas, la empresa Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), seleccionada mediante Resolución de la Creg 094 de 2014, que en Colombia no se presentaba una escasez sino un acaparamiento de gas por parte de algunas empresas, el presidente Petro aseguró “están especulando” y “quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder». Atribuirle esta mala intención a las empresas generadoras es absurdo, puesto que no les asiste interés alguno en elevar las tarifas de energía ya que en nada las beneficia a ellas.
Con esta afirmación del presidente se violó la presunción de inocencia y el debido proceso a las empresas, al tiempo que se presionó a la Superintendencia de Servicios Públicos para ‘proceder’ de acuerdo con su juicio de valor. No hay que perder de vista que dicha Superintendencia depende directamente del Despacho del presidente de la República y en consecuencia el Superintendente es su subalterno. Eso se llama prejuzgamiento y es lo más contrario al Estado Social de Derecho que nos rige.
Empezando por el principio, cuando se dio a conocer por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) un cuestionado y controvertido informe sobre el Balance de reservas/producción de gas natural, que le costó su salida a la viceministra de energía Belizza Ruiz por tomar distancia del mismo, el cual mostraba una caída de sus precarias reservas, la entonces ministra, la filósofa Irene Vélez, para justificar la decisión tomada de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, hizo las cuentas de la lechera, sumando peras con manzanas (reservas probadas + reservas probables + reservas posibles + recursos contingentes) para concluir que no había decisión tomada que preocuparse porque teníamos garantizado el autoabastecimiento hasta el año 2037.
Posteriormente, su sucesor, Andrés Camacho, de su mismo corte y sesgo ideológico y más activista que ingeniero eléctrico, se mantuvo en la misma línea y ello lo llevó a su negacionismo, a sostener que en Colombia no se presentaba una escasez. No obstante, Vanti, como todas las demás comercializadoras se atuvo a la cifra oficial, pues al fin y al cabo dato mata relato y ante su obligación de garantizar a sus usuarios la prestación del servicio de gas, se dispuso a comprar gas importado por la firma TLP GAS. Y ello, mientras el exministro Camacho, insistía en que al no haber escasez de gas tampoco había necesidad de importarlo. Con terquedad aragonesa sostuvo que “Colombia cuenta con abastecimiento de gas por 20 años”.
Y, cuando el 1 de diciembre se recibió el primer despacho de 40 Mmpcd se atrevió el ministro Camacho a decir que se estaba importando ese gas sólo para tenerlo de ‘reserva’ por parte de algunas empresas y que nada justificaba el alza de los precios y las tarifas del gas como consecuencia de su importación. Pidió a las superintendencias de industria y comercio y a la de servicios públicos que investigaran a las empresas comercializadoras del gas. Según él, “cuando se revende el mismo volumen de gas varias veces, se inflan los precios, similar a un proceso especulativo”. Y las superintendencias, muy solícitas ellas, procedieron en consecuencia.
Su negacionismo llevó al ministro Camacho a demorar la expedición del Decreto que se requería para facilitar las importaciones, que se venía solicitando por parte de las empresas desde el mes de noviembre y el cual sólo fue expedido el 10 de diciembre (1467 de 2024). Lo propio ocurrió con la Resolución de la Creg, que apenas ahora se anuncia por parte del ministro Edwin Palma, para hacer posible que las empresas puedan seguir importando el gas pero mediante contratos de largo plazo, con más bajos precios y no como lo vienen haciendo comprando gas en el mercado spot a precios exorbitantes.
Pese a todo el presidente Petro, en un tono amenazante, a través de su cuenta X, expresó el pasado viernes, mientras se adelantaba en Barranquilla el Congreso anual de Naturgas que “las decisiones están tomadas: que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios, incluidos los importadores, o el Gobierno tomará las medidas de Ley”.
A ello respondió la presidenta de Naturgas Luz Stella Murgas que “las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de Naturgas, ni de los agentes del mercado, son cifras que producen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas, la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Gestor del Mercado contratado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)”. Y ahí vamos en este contrapunteo del gremio del gas natural y el ejecutivo y mientras tanto se acentúa la dependencia del país de las importaciones de gas, que serán cada vez mayores hacia los próximos años.
