“Sólo se alcanza lo posible intentando lo imposible una y otra vez”, Max Weber.
Se cumplieron más de 40 años del primero de una serie de foros costeños itinerantes y participativos con la autonomía, la integración y el desarrollo regional como sus ejes. Frutos de ellos fueron el primero y único ‘Plan regional de desarrollo de la región Caribe’ y del país ‘Un viaje hacia el futuro’ y la Ley 76 de 1985 que le dio vida a las regiones de planificación más conocidas como Corpes. Gracias a estos la región Caribe ganó en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, la regionalización de las partidas del Presupuesto General de la Nación y que la participación de la región Caribe en este pasará del 8.3% al 23.2%, entre otros logros.
Luego la Constituyente de 1991, gracias a los delegados a la misma de la región Caribe, Eduardo Verano, Orlando Fals Borda, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza y Raimundo Emiliani, se logró, por fin, consagrar en la Constitución Política como principio fundamental la autonomía territorial (artículos 1 y 287), en lugar de la fórmula dicotómica de la Constitución de 1886 de la “centralización política y la descentralización administrativa”, que le sirvió de coraza centenaria al agobiante centralismo.
También se hizo posible que las regiones se pudieran constituir como regiones administrativas y de planificación (RAP) y a la postre como entidades territoriales (artículos 306 y 307), lo que era impensable hasta entonces. Este primer paso, que se dio en las postrimerías del siglo XX, significó un cambio de paradigma para la gobernanza en Colombia y desbrozó el camino para un mayor empoderamiento hacia el futuro por parte de las regiones.
La Ley 152 de 1994, en su artículo 51, al establecer la transición de las regiones de planificación a las regiones administrativas y de planificación, dispuso que “mientras se constituyen las RAP, las funciones y atribuciones que le son asignadas en esta Ley, serán ejercidas por los actuales Corpes”. Con tal fin les extendió la vigencia de estos por dos años más, los cuales se ampliaron hasta el 1º de enero del 2000 mediante la Ley 290 de 1997, cumplido este plazo y al no prorrogarse desaparecieron los Corpes sin que se les hubiera dado vida a las RAP.
Ello debido a que después de 18 intentos frustráneos en el Congreso de la República no había sido posible aprobar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot), requisito sine qua non para su creación, lo cual se convirtió en una talanquera.
Entre tanto, los centros de pensamiento de la región, entre ellos el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República, el Observatorio del Caribe y la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) a través de encuentros y coloquios académicos animaron el debate en torno a las estrategias para el desarrollo económico y social de la región, los cuales concluyeron y confluyeron en un taller final que se realizó en el teatro Amira de la Rosa en Barranquilla en agosto de 2007, con motivo de los 10 años de la creación de los mismos.
De este ejercicio surgieron dos iniciativas de la mayor importancia: la propuesta de crear un Fondo de Compensación Regional, con miras a la canalización de recursos del presupuesto nacional con destinación al cierre de la brecha entre el centro y la región y el Compromiso Caribe, suscrito por los gobernadores, que identificó y priorizó los proyectos claves para sacar la región del letargo y el estancamiento de su desarrollo económico y social.
Ante la reticencia del Gobierno Nacional en darle desarrollo al precepto constitucional, los gobernadores y los parlamentarios de la región Caribe, secundados por las organizaciones sociales, liderados por el exconstituyente y a la sazón gobernador del Atlántico Eduardo Verano, apelaron al constituyente primario. Se le propuso al Consejo Nacional Electoral que se permitiera incluir en la elección del legislativo del 14 de marzo de 2010 un tarjetón adicional al de los candidatos al Congreso de la República para consultarle a los ciudadanos sobre su apoyo a “la constitución de la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público, con autonomía, para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.
Por unanimidad el Consejo Electoral autorizó el sufragio por el Voto Caribe y 2.5 millones de refrendaron la voluntad y la decisión del Caribe de encaminarse hacia su constitución como entidad territorial. Aunque para el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié el mismo no pasaba de ser un ejercicio pedagógico “sin consecuencias jurídicas ni vinculantes”, fue un hecho político contundente que no se podía desconocer ni soslayar.
Uno de sus efectos fue forzar al presidente Santos para que se intentara, una vez más, el trámite de la Loot, esta vez con el apoyo del Gobierno. En efecto, se presentó el proyecto por parte de este, con tan mala suerte que lo aprobado (Ley 1454 de 2011) fue sólo un saludo a la bandera, que llevó a afirmar a Eduardo Verano que con ella “prácticamente se burlaron del espíritu del Voto Caribe”.
Tuvimos que esperar hasta el año 2019 para que se expidiera la Ley 1962, que le dio vida a las RAP y de paso le allanó el camino, que había bloqueado la Ley anterior, para que, transcurridas las primeras dos décadas del siglo XXI, las regiones se pudieran constituir como entidades territoriales.
Increíble, pero cierto, hemos tenido que esperar 20 años, para que el Congreso de la República expidiera un remedo de Loot y 28 años para que las regiones se pudieran constituir como RAP, en el entendido de que esta es la escala técnica para llegar a nuestro destino que es la región como entidad territorial.
