La justicia en Colombia tiene la responsabilidad fundamental de administrar justicia, solucionar conflictos y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Esto implica proteger los derechos humanos, asegurar un debido proceso y buscar la verdad y la reparación para las víctimas de delitos. La justicia también debe ser transparente, independiente y eficiente en sus actuaciones para generar confianza en la ciudadanía.
En todas las regiones de Colombia se han visto en cierta medida zonas oscuras en la justicia cuando se dejaron permear por fenómenos como la política, el narcotráfico, la corrupción, la violencia generada por las guerrillas y las autodefensas quienes también tomaron partido político, encendiendo más la polarización que hoy vivimos, que hasta fue elegido por primera vez un presidente de izquierda como resultado de muchos desaciertos de la derecha.
En las últimas décadas, y muchas generaciones hemos vivido los daños causados por la guerrilla en Colombia, daños muy significativos al país a través de la violencia, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, y la afectación del medio ambiente, entre otros. Además, ha generado una profunda ruptura comunitaria, miedo y vulnerabilidad social. El conflicto armado ha dejado miles de muertos y desplazados, tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública.
Por los secuestros extorsivos, ajusticiamientos, sometimientos, surgen las autodefensas en Colombia, surgieron como respuesta a la creciente violencia generada por la presencia de grupos guerrilleros y narcotraficantes, así como por la ausencia o ineficacia de las fuerzas estatales para garantizar la seguridad en algunas regiones, como lo vivido en La Guajira y el Cesar. Los grupos paramilitares se organizaron para proteger a comunidades, propiedades y a sí mismos, a menudo a través de métodos violentos y con la participación de sectores de la sociedad civil, empresarios y políticos, fue este invento, como se dice en el argot popular, peor la medicina que la enfermedad.
Esta bomba molotov, hecha con la presencia de grupos guerrilleros como las Farc y el ELN, así como el auge del narcotráfico, generaron un clima de inseguridad en muchas zonas rurales del país. Surge el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP en 2016. Aunque este acuerdo marcó un hito en la historia del país al poner fin a décadas de conflicto armado, su implementación ha enfrentado numerosos desafíos y críticas, lo que ha llevado a algunos a considerarlo un acuerdo fallido.
Este violento ambiente se incendió más cuando actores de todos los bandos lo convirtieron de una manera desacertada en un tema político. Colombia se preparó para recibir una decisión judicial que marcará un antes y un después en la historia política del país. Este lunes 28 de julio, la jueza Sandra Liliana Heredia dio a conocer su fallo condenatorio, en primera instancia sobre el caso penal contra Álvaro Uribe Vélez, convirtiéndose en la primera Sentencia contra un expresidente colombiano en un proceso penal.
En Colombia, en La Guajira las diferencias políticas no deberían convertirse en divisiones que afecten negativamente la convivencia y el bienestar general. Es importante fomentar el respeto mutuo y el diálogo constructivo, incluso entre personas que tienen opiniones políticas diferentes. La construcción de una sociedad cohesionada requiere la capacidad de valorar la diversidad de ideas y perspectivas, reconociendo que la unidad no implica uniformidad, sino la capacidad de convivir en armonía a pesar de las diferencias. Prohibido echar más gasolina y leña a la hoguera, hay que aplacar por el bien de los más de 53 millones de colombianos.
