Colombia es un Estado democrático y dentro de los fines del Estado – nuestra Constitución enuncia- la convivencia pacífica.
Como el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, se entiende por eso que debe ser el primer obligado en garantizar la existencia de una convivencia tranquila entre los asociados.
Un gobierno democrático debe garantizar un orden justo en lo económico, político y social, y el Estado debe respetar los derechos de las personas y cumplir los deberes sociales que le son propios, en función del bienestar común o general de la gente; su legitimidad proviene del pueblo que lo elige en elecciones libre, y estar sometido al imperio de la Constitución y las leyes. Lo contrario, es un gobierno dictatorial donde no se respeta la soberanía del pueblo, no hay separación de poderes, se cercenan derechos u libertades y, excluye y persigue a los opositores. Puede que un gobierno así – como el de la Venezuela actual – se aúpe bajo el manto de lo “democrático” accediendo al poder a través de amañadas o fraudulentas elecciones, pero jamás será legítimo. Para desgracia del hermano país allí lo que gobierna es una cuadrilla de delincuentes, convirtiendo a Venezuela en un Estado fallido, un narco estado dirigido por los narcotraficantes del “cartel de los soles” a la cabeza de Diosdado Cabello, una poderosa alianza criminal entre militares y políticos.
Gracias a Dios y al pueblo colombiano, con la orientación de ese gran líder que es Álvaro Uribe, la guerrilla no se ha tomado el poder en este país, utilizando a la izquierda como brazo político, o si no estuviéramos recorriendo el mismo camino de Venezuela, país en desgracia a partir del momento en que a un “teniente coronelito” de medio pelo llamado Hugo Chaves se le ocurrió la nefasta idea de cambiar el modelo democrático, que convirtió a Venezuela en un país en vía de desarrollo con el PIB más alto de Suramérica gracias al petróleo, por el fracasado modelo socialista que él bautizo como “del siglo XXI” pero que en la práctica no es más que el peor comunismo de los Castro en Cuba. Ahí está la raíz de toda la tragedia que vive hoy el pueblo de Venezuela, dirigida por una mafia del narcotráfico, a partir del cambio de una sociedad democrática a una socialista; la democracia hay que defenderla pues ella es libertad, derechos, prosperidad; el socialismo en cambio es opresión, miseria y represión.
Los recientes hechos sucedidos en el sur del país nos muestran como la izquierda comunista se infiltra en las protestas sociales y en cuanta marcha hay en el país, para generar caos y violencia, como acaba de pasar en el Cauca aprovechando la minga indígena, y esto debe llevarnos a la reflexión de si en un Estado demócrata se debe permitir a los partidos que no sean afectos a la democracia, como los de izquierda, participar en la vida democrática de la República. Mi respuesta es no y explico por qué.
En mi opinión, si somos un Estado democrático, solo se debería permitir funcionar como partido político a las organizaciones sociales que no atenten contra ese modelo, las que no desconozcan las bases del mismo, de lo contrario, no se debería reconocer personería jurídica a aquellas que no defiendan la libre empresa en lo económico, la libertad en lo político, y la seguridad y legalidad en lo jurídico. Todo partido o movimiento político o social que no defienda estos principios debe ser proscrito o no ser autorizado legalmente.
