A buena hora que se está proyectando revisión y ajuste en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT– del Distrito de Riohacha. Es pertinente recomendar la declaratoria de áreas urbanísticas, recreativas y turísticas, partiendo de la autopista de la vía Troncal del Caribe hacia el mar, entre Riohacha y Camarones, de manera similar a la Vía al Mar en ruta Barranquilla-Cartagena que ha generado grandes obras inmobiliarias y desarrollo económico. Se requiere el acondicionamiento de servicios públicos para implementaciones de infraestructura y construcciones de viviendas, hoteles, restaurantes, parques recreativos, puerto turístico y muchas obras en extensión aproximada o por lo menos de 45 kilómetros cuadrados que podrían ofrecerse en ventas de título inmobiliario a efecto de explotar la industria sin chimenea.
El Distrito de Riohacha debe poner la mira en el nuevo POT contratado por el alcalde de la pasada administración, pero direccionado por el mandatario José Ramiro Bermúdez Cotes de manera específica en el turismo, la agroindustria y áreas de destinación urbanística.
Para que podamos vender territorios de manera reglamentada y evitar los desórdenes en proyectos y programas de construcción y el control de invasiones que llevan un crecimiento al garete por falta de planificación, que determine ubicaciones, espacios propicios y de utilidad pública.
Los planes de ordenamiento, constituye una carta de ruta en el desarrollo territorial de los entes nacional, departamental y local o municipal, amparando las conservaciones ambientales, culturales y tradicionales, garantizando la utilización del suelo y la función social a que se destinan con las debidas prestaciones de servicios públicos e implementaciones de los espacios de movilidad para automotores y peatones en la organización política administrativa, regidas por normas orgánicas, dirigidas a fomentar la integración y clasificación de las diferentes áreas, para usos y destinaciones futuras.
Los ordenamientos territoriales se socializan y se publican para conocimiento popular, conforme lo consagra la ley, señalado como política de estado planificada para el crecimiento humano y económico que debemos valorar en el contenido textual, que apruebe el Consejo Distrital.
Poca ha sido la importancia que le han dado los mandatarios a los planes aprobados. Algunos alcaldes, ni se percatan de los contenidos, existencias y vigencias. La importancia se refleja en los planes y ajustes para aprovechamiento oportuno, superando debilidades, previniendo violaciones, ejerciendo controles, impartiendo recomendaciones e imponiendo sanciones administrativas.
El Distrito debe acondicionar los medios de planificación que sirvan para crecer e impulsar las condiciones de beneficio económico, sembrando proyecciones en turismo que sirvan de progreso y bienestar a sus habitantes de Camarones, el corregimiento más cercano de la capital, que bien podría utilizarse para emprender planes inmobiliarios en ofertas privadas, que se perfilen con tendencias futuras a la proyección del municipio de Camarones, que unido al Distrito, conformarían una metrópolis, compartimientos utilidades que provengan o arrojen los servicios turísticos: hoteles, cabañas, transporte, centros de convenciones, juegos mecánicos, piscinas, restaurantes, artesanías, equipos náuticos, estaderos, casinos y demás servicios similares incorporados.
No podemos seguir estancados en la cabecera distrital, dejando perder valiosas oportunidades por carecer de planes específicos que oriente y permita cristalizar áreas apropiadas para sacarle jugo al turismo, antes que seguir con un turismo de tránsito como viene ocurriendo, cuando debemos salir a ofrecer variedades atenciones en servicios, velando por la garantía de seguridad y el bienestar de quienes nos visitan y gozan de los encantos de la madre naturaleza en el departamento peninsular de Colombia.
Una concesión del servicio de agua potable que incluya la construcción de acueducto y redes privadas de suministro del servicio de agua potable, extraída de corrientes subterráneas no tan profundas y desalinizaciones por término no inferior de 30 años. Las redes sanitarias de alcantarillado deben complementarse con la concesión de agua que se promueva y ofrezca en licitación pública. El servicio de energía debe ser mixto, tradicional y alternativo (solar-eólica).
