El Consejo de Estado en sentencia contra la senadora por el departamento del Atlántico, Aida Merlano, dispuso que la compra-venta de votos constituye causal de nulidad de electoral que también puede repercutir en elecciones de alcaldes y gobernadores.
Aún cuando la información pase inapercibida para muchos, mañana no podría ignorarla ni alegar trampa está sobre advertidos. Los votos se compran con dineros, especie y contratos. Los partidos y movimientos políticos en las localidades y regiones tendrían que cambiar las costumbres clientelistas que manejan en las operaciones de campañas politiqueras. No será fácil que muchos candidatos cierren la opción de comprar votos, exponiendo la elección si resulta elegido y demandado con la cacería de brujas que imperará en las elecciones de octubre, grabando videos y fotos de los repartos de mercados, elementos domésticos y entrega de dinero. Es preferible perder la elección, antes que ganarla comprando votos para que después le anulen y lo investiguen penalmente.
Maluco el asunto para quienes la única forma de ganar las elecciones es comprando la credencial con votos y corrupción en la autoridad electoral. Peor para los mercaderes y vendedores de votos que ofrecen listas de sufragantes recorriendo todos los comandos en busca de compromisos a favor de determinada candidatura. Más del 70% de las elecciones de alcaldes y gobernadores en Colombia, son compradas, de ahí las desproporcionadas sumas de dineros que cuestan una competencia y disputas electorales.
Si no frenan el hábito de los negocios de electores, serían bastantes las demandas de nulidad que se presentarían para tumbar mandatarios. Comenzando la inestabilidad de los períodos de gobierno.
No faltarán los infiltrados y espías dedicados al trabajo de inteligencia para conocer desde los aposentos, detalles que practican las campañas, en procura de informar y denunciar por medio de terceras personas las circunstancias implícitas en la compra de votos.
La nulidad de las elecciones de alcaldes y gobernadores no debe dar lugar a repetirlas, al menos que todos los candidatos hayan utilizado la misma modalidad irregular y fuesen demandados en consideración a los costos que conllevan las elecciones para andarlas repitiendo.
Las listas a Asamblea y Concejos avaladas por los partidos políticos y grupos significativos, no están exentas de la prohibición y corren el mismo riesgo que los candidatos de perder la curul por participaciones ilícitas electoral, utilizadas para ganar en votos preferentes o cerrados. De igual forma, se le restan a los votos del implicado en la listas afectando el umbral que da derecho a obtener curul. Esto de hecho, generaría desbarajustes por confusiones en las campañas políticas.
Los partidos políticos que expiden los avales a las candidaturas y listas, no podrán pasar como convidados pasivos en el asunto de corrupción electoral, sobre ellos recae responsabilidad que no lo puede eximir de las sanciones pertinentes.
Nos hemos acostumbrado a un sistema electoral tolerante y turbio sin transparencia, donde los espacios políticos están divididos en feudos familiares y capos de la política. Cortar las costumbres de tajo resultan traumáticas, pero nos tocaría cambiar el estilo y la forma de ganar la voluntad popular para ponerle final a las elecciones compradas. La simpatía, el carisma y la mística en las masas de electores son factores determinantes para el logro de éxitos democráticos.
En el departamento de La Guajira donde no faltan los mercados de campañas políticas que estimulan y alagan a los indígenas wayuú, es la manera de motivación para garantizar la movilización a sufragar, colocan en “calzas prietas”, a cualquier candidatura a la alcaldía y gobernación por los posibles grabando de imágenes y audios, materializando las entregas de mercados en fechas previa a la elección, transportados en vehículos con afiches alusivos al candidato del compromiso que negocia los votos.
Muchas personas opinan que sí se cortan los incentivos o compras simuladas de líderes, le restaría entusiasmo y emoción, a las campañas particularizadas.
El juego de inversiones en campañas políticas apoyando candidatos, ya no es buen negocio, porque lo inhabilita para contratar a los aportantes y financiadores. Los candidatos elegidos enfrentarán las extorsiones de los carteles dedicados a cazar y grabar pruebas para amenazar con demandas, ejerciendo presiones y coacciones para sacar dinero. Esta causal es un magnífico negocio para la Sección Quinta del Consejo de Estado, recibiría demandas para fallar nulidad electoral. Se utilizarán demandantes anónimos que ni siquiera saben lo que firman, precisamente por dinero, sin que los autores intelectuales la descuiden y le sigan el curso del trámite y la ubicación del demandante. Es mejor que los candidatos se abstengan de comprar votos y controlen en prevención, cualquier actividad que de mala fe lo pueda afectar.
