La competencia por las alcaldías y gobernaciones comenzó con la apertura del periodo de inscripciones de candidatos que buscan convertirse en los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales. Desde ya se están definiendo coaliciones de las fuerzas políticas que quieren alcanzar un escaño en las elecciones que se celebrarán el 27 de octubre.
Estos comicios serán trascendentales por el convulsionado momento de algunas regiones debido a la inseguridad, corrupción, obras inconclusas, recortes presupuestales y en muchas ciudades, como las poblaciones fronterizas, la creciente migración de venezolanos que reclama con urgencia acciones sociales para los visitantes y residentes.
Las elecciones territoriales se caracterizan por un círculo vicioso que se repite cada 4 años, promesas de inversiones para el avance de los municipios y mejores condiciones de vida son hechas por candidatos que acuden a artimañas para lograr el favor de los votantes. El 65% de los mandatarios locales del país son sancionados por la Procuraduría por diferentes faltas disciplinarias, muchos de ellos también incurren en delitos por lo que terminan en un centro de reclusión. Cerca de 7.150 alcaldes han sido sancionados durante los últimos 30 años, solo un porcentaje de los mandatarios locales elegidos terminan su periodo. Casos tan vergonzosos como el de Riohacha que ha tenido 9 dirigentes en tres años o Cartagena con 11 alcaldes en menos de diez años, reflejan que muchos de los aspirantes a estos cargos no son aptos para administrar los destinos de una ciudad, la mayoría de ellos por falta de honestidad.
Por eso la importancia de que los ciudadanos desempeñen con seriedad su papel para definir quién será su próximo gobernante. Es tarea del elector auscultar la trayectoria de los candidatos, las propuestas, su origen y la transparencia de su hoja de vida. Las votaciones no son un juego, son un ejercicio democrático en el que se define el rumbo que tomará la administración durante 4 años y de ello depende el desarrollo o atraso que tendrán las regiones, que en últimas influye en el progreso del país.
La tarea también la deben hacer los partidos y movimientos políticos que deciden sobre los avales, son los responsables de acreditar a sus aspirantes. En los comicios de 2015 cerca de 1.800, de unos 113.000 inscritos, fueron cuestionados y en algunos casos les retiraron el respaldo por diferentes problemas como vínculos con grupos al margen de la ley, condenas por diversos delitos, violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre otros.
Para este año la Registraduría espera más de 130.000 inscritos, quienes deberían estar en la mira de los órganos de control para minimizar el impacto que genera la llegada a esos cargos de personas con líos judiciales o disciplinarios, pues los costos por convocatorias para nuevas jornadas electorales, en reemplazo de los destituidos, son altos para la administración pública, además del rezago en la implementación de los programas de gobierno.
