La Constitución Política de Colombia, con 28 años de existencia, es una carta de navegación relativamente joven si consideramos que existen constituciones más rígidas como la del Reino Unido que tiene 804 años, la de Estados Unidos con 230, Noruega con 205, Holanda con 204 y en América Latina la más antigua es la constitución de México promulgada en 1917, cumple 102 años.
A pesar de la juventud y vigorosidad que debía tener una entidad que aún no llega a su tercera década, el nuestro es un texto constitucional desgastado por las más de 40 reformas, propiciadas por los gobiernos de turno.
Grandes aciertos tuvo la constitución en su creación, como la implementación de mecanismos de participación ciudadana que ha permitido una mejor defensa de los derechos fundamentales y mayor participación política, se consagraron los derechos de tercera generación –económicos, sociales y colectivos –, hubo un rediseño de la organización estatal dando más independencia de las tres grandes ramas del poder público e instituyendo como modelo el Estado Social de Derecho.
También hubo desaciertos en la confección de la constitución, que se pueden explicar por el convulsionado momento que vivía el país ante el asedio del narcotráfico y los cambios generados por el acuerdo de paz con el M-19, en especial la exigencia de esa organización y otras guerrillas desmovilizadas de crear el ambiente propicio para el nacimiento de partidos políticos diferentes al Conservador y el Liberal.
Hoy las circunstancias políticas, económicas y sociales son distintas pero igual de convulsionadas. Un estado de corrupción permanente que carcome todas las instancias públicas y privadas, una justicia congestionada y morosa, el fracaso de la reforma política, un déficit fiscal creciente, sistemas educativos y de salud colapsados, pueden ser el escenario para que se consolide la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Por esto a pesar de la relativa juventud de la constitución, una constituyente puede ser el camino más expedito para encontrar las salidas que el país requiere. Los cambios políticos y judiciales y los ajustes necesarios en la Jurisdicción Especial para la Paz se lograrían a través de la Asamblea Nacional Constituyente, con el compromiso de todos los sectores activos que permitan la integración de un país polarizado.
La misma constitución estableció que la asamblea constituyente es uno de los mecanismos previstos para su reforma, consagrando un marco para su viabilidad. No se puede asegurar, como señalan sus opositores, que sería utilizado de manera desbordada, porque en ella tendría representación todo el pueblo, lo que permitiría un equilibrio en su integración.
En estos momentos de gran agitación resulta oportuna y conveniente la convocatoria de una constituyente, delimitando, eso sí, los aspectos que deben ser objeto de reforma, ya que los avances logrados con la actual Carta Política en materia de salvaguarda de los derechos ciudadanos, deben permanecer indemnes.
