La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, que ya asciende a los $7.6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y lógicamente también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda llegar a derivar en un racionamiento en la prestación de este servicio público, que es esencial y por consiguiente un derecho fundamental, como lo es el acceso al mismo en condiciones de confiabilidad y firmeza.
La causa raíz de esta deuda oficial obedece a que, después que estas le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2.7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo. Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3.3 billones). El presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha esta es una promesa incumplida.
Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas son similares. Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al Gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagarle la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio.
Recordemos que Colombia tuvo un apagón entre los años 1992 y 1993, el cual le significó un racionamiento de hasta 10 horas diarias durante 11 meses, desde el 2 de marzo de 1992 hasta el 7 de febrero de 1993. Esta vez el apagón tuvo como causas la estatización del sector eléctrico, de tal modo que las inversiones estaban condicionadas por el espacio fiscal y presupuestal de la Nación y esta a su vez tuvo que endeudarse hasta la coronilla para su financiación, llegando a representar más del 25% de la deuda total. Otro factor que contribuyó al apagón, consecuencia de la anterior, fue la falta de mantenimiento del parque de generación. Y, finalmente, más del 80% de la capacidad de generación era de origen hídrico, tornando muy vulnerable el Sistema frente al fenómeno de El Niño. Esta vez este fue muy severo y duró aproximadamente 11 meses, desde marzo de 1992 hasta febrero de 1993.
Las lecciones aprendidas de este apagón dieron lugar a la expedición de la Ley eléctrica 143 de 1994: se dio paso a la participación, además del Estado y las comunidades organizadas (léase comunidades energéticas), de la empresa privada en la prestación de este servicio, tal y como quedó establecido en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, se diversificó la matriz eléctrica con la instalación de un parque térmico de generación, el cual representa hoy en día el 35%, se prohibió la integración vertical de las empresas y le dio vida a un órgano técnico independiente y autónomo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que en este Gobierno se ha tornado inoperante, encargado de establecer las reglas de juego para el funcionamiento y operación del Sistema y velar por su cumplimiento. Concomitantemente la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, la única con rango constitucional (artículo 370), encargada de proteger a los usuarios.
Gracias a esta arquitectura del Sistema, la cual ha sido muy bien ponderada por el Foro Económico mundial (FEM), ubicándola en su ranking en el top 10 a nivel global. Y ello es lo que le ha permitido a Colombia ser el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento de la prestación del servicio de energía en los últimos 30 años. Colombia ha enfrentado 5 fenómenos de El Niño sin apagarse!
Empero, estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tantos las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido los organismos de control y lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables.
Acaba de anunciar el Director de Energía del MME Víctor Paternina, que “la deuda siempre la hemos reconocido, y por eso la orden del presidente Gustavo Petro es de ponernos al día con el pago de los subsidios en el corto plazo” y terminó diciendo que antes de finalizar este mes de mayo el Gobierno nacional se pondrá al día con el pago de los subsidios. Pero esta no es la primera vez que se hace este tipo de anuncios que quedan siempre como promesas incumplidas. De allí el escepticismo con el que se reciben. Amanecerá y veremos!
A la preocupación por la desazón que produce entre los usuarios el riesgo latente de verse privado de la prestación de estos servicios básicos, subsiste la que ha provocado la espiral alcista de las tarifas de la energía, que no se detiene, con el agravante del alza en las tarifas de otro energético sustituto, el gas natural. Como es bien sabido en el interior del país los usuarios se vieron sorprendidos comenzando este año con alzas en las tarifas de gas entre el 20 y el 36%. Y como, según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar, ahora resulta que, según un estudio de Fedesarrollo, “si la mitad de la oferta proviniera de gas importado” y para allá vamos, toda vez que mientras la oferta doméstica se sigue reduciendo la demanda crece, “el alza tarifaria “, esta vez para todo el país, “podría alcanzar el 44.6% en Bogotá, 44.9% en Medellín, 45.8% en Bucaramanga, 30.3% en Cali y 11.7% en Barranquilla!
Y no hay que perder de vista que esta alza en las tarifas se traduce en más pobreza energética, dado que dificulta aún más el acceso a la energía, sobre todo a los más vulnerables, a contrapelo del 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que son vinculantes en su cumplimiento para el Estado Colombiano, el cual, según lo consagra la Constitución Política, es quien debe “garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional” (artículo 365).
