La exparlamentaria del departamento de Atlántico, Aida Merlano, condenada a 15 de años de cárcel, ha dado bastante de que hablar y lo que falta.
Desde muy tierna la utilizaron para la caza, pesca y acaparamiento de electores en los barrios pobres de Carrizal y El Bosque, en el sur de Barranquilla, para enlazarlos en redes amasadoras en las compras de votos, que, por costumbre, se practican en elecciones populares. Los líderes de esta cadena los tildan de mochileros, responsabilizando de la atención y control sistemático, de manejos en registros de votantes que se asignen en diferentes zonas a líderes calificados para evidenciar informaciones confidenciales y efectivas.
En el Atlántico, a diferencia de otros departamentos de la Costa, las empresas, carteles u organizaciones políticas ejercen de manera permanente sus negocios políticos, no se detienen ni cierran sus sedes después de elecciones, de esas maneras cuantifican presupuestos, conservan registro de censo de lectores amarrados, purifican informaciones apartando lo que no sirva por motivos de intereses particulares. De esta forma estructuran y calculan perspectivas y conformaciones de equipos humanos de trabajo para las operaciones torcidas.
Aida Merlano en Barranquilla y Wilmer González, exgobernador de La Guajira, han sido condenados en distintas formas por el negocio o presunta compra de votos en elecciones populares. Una de Senado y otra de Gobernación, ¿pero será que la exsenadora y el exgobernador de La Guajira han sido los únicos elegidos investigados por compras de electores con dineros y dádivas a cambios de votos? Creo que el 90% de los elegidos en Colombia, sin diferenciar elecciones nacional, departamental y municipal deberían estar presos encarcelados por las mismas causas o mediante fraude electoral. Si acaso un 10% tiene suerte de resultar elegidos apoyados por electores espontáneos voluntarios como normalmente deberían ser elegidos todos los mandatarios y representantes, de manera transparente y limpias. Merlano y González son dos chivos expiatorios de la corrupción que nos tienen contaminados sin excepción en política, como una peste gripal.
No es tan bueno cuestionar a los condenados, víctimas de uno oscuros sistemas penales y disciplinarios, aplicables de manera selectivas para unos y absolviendo a otros, sobre todo a los cabecillas de la mafia y carteles políticos que financian e imponen mandatarios departamental, distrital y municipal, al igual que congresistas, diputados y concejales con prácticas de corrupción, coaligadas con autoridades electorales, penales y policivas, sin importar que sean ilícitos o irregulares, de ahí la ilegitimidad, que genera la compras de votos y curules aun cuando pasen legalizándola.
En las elecciones que se aproximan observaremos que lo que está ocurriendo con los “ex” condenados por negocios de votos, no ha generado escarmiento ni temores sino por el contrario, desafío con dinero para tapar entre quienes se aferran a continuar con prácticas ilegales y antidemocrática, como única forma de garantizar triunfos, ignorando peligros y exposiciones de ir preso y hasta perder con la anulación de la elección, si logra ganarlas. Las acciones y operaciones de las autoridades policivas y CTI deben ser efectivas y positivas en controles y detenciones relacionados con la compra de votos, que opera clandestinamente por distintos y diferentes lugares rurales y urbanos, para los cuales pueden utilizar drones e interceptaciones en comunicaciones. Los indicios para presumir los negocios de votos se evidencian con acumulaciones tumultuosas de personas en determinados predios y vivienda, en movilizaciones de transportes colectivos, trashumancia, entrega de bienes de construcciones, mercados de alimentos y elementos de aseo y dinero en efectivo, entre otros, cuyos beneficiarios que los reciben pueden testimoniar sobre los hechos.
Los ciudadanos en defensa democráticas debemos también ejercer vigilancias y denunciar los hechos ilícitos que causan graves daños. Concientizarnos, previniendo, oponiendo y enfrentando con dignidad y sin temor, las compras de votos, en cualquiera sean las modalidades del clientelismo electorero.
Las autoridades deben estar atentas para evitar las compras de votos apoyados con las quejas y denuncia de los ciudadanos, que debe corresponderse de manera eficiente deteniendo y judicializando a quienes cojan con la mano en la masa, de igual forma, los cómplices, autores y coautores, implicados con los delitos electorales, ya que de no ejercerse ningún control de transparencia, terminarían las citadas autoridades haciendo el papel del oso encubridor.
