Un nuevo capítulo de la extensa y fantástica serie de la agricultura colombiana; iniciativa del Gobierno y Ministerio de Agricultura, con su nuevo programa ‘Agricultura por contrato’. Este propósito no es nuevo, es otro fantasma que viene a hacerle compañía a los muchos que abundan por los campos colombianos hace muchos años.
Los registros encontrados, en bases de datos, señalan que estos programas fantasmas, a través de los años se han generado sin ningún beneficio para los pequeños y medianos agricultores. Desde la reforma agraria de Lleras Restrepo, a finales de los años 60, hasta nuestros días. Es importante resaltar algunas de estas iniciativas, partiendo de la apertura económica, del presidente César Gaviria y dos documentos, escritos fuera de Colombia, donde se habla de manera escueta de la conformación de contratos, “contract forming”, ya se conocen ampliamente.
Dentro del compendio, de esas iniciativas, pacto agrario, programas o como le quieran llamar, vale la pena destacar algunas de las más recientes. En el 2011, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, manifestó que de “ahora en adelante, los pequeños y medianos agricultores tendrían el apoyo estatal”, con lo cual pretendían una transformación en el orden de producción del agro colombiano. ‘El pacto agrario’, creado en 2013, mediante decreto 1987, orientaba su desarrollo en dos frentes; la participación de los “actores rurales” con su organizaciones y el Consejo de Desarrollo Agropecuario de su respectivo departamento. En el 2015 fue presentado un proyecto de ley (174 para el senado y 223 Cámara), con el fin de modificar la ley 160 de 1994, creadora de la reforma agraria y desarrollo rural campesino.
Ahora bien, ‘Agricultura por contrato’ de acuerdo a lo expuesto arriba, no es una iniciativa nueva, máxime que en 2015, se llamaba ‘Coseche y venda a la fija’. Si el gobierno habla de desarrollo rural, las acciones que debe tomar son para mejorar la calidad de vida de la gente del campo, los agricultores, no para enredarlos en vericuetos crediticios y otras talanqueras, que al final terminan perdiendo la tierra, si es que la tienen, y la cosecha. La realidad es que debe promover la economía del sector rural mejorando los sistemas de producción y los ingresos de la gente.
Pero ¿qué se ha hecho? Mientras que en el 2011 el ministro de Agricultura pregonaba una ayuda estatal para los agricultores, en el país se importaban 2.543 millones de dólares en productos agrícolas, como maíz, soya, algodón, frutas y legumbres.
Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, donde la producción de alimentos debe duplicarse, la Unión Europea, previsiblemente ha evolucionado en los últimos años, en lo referente a las ayudas para agricultores, otorgando, en 2020, subsidios por 40.000 millones de euros, para enfrentar los cambios generados y responder a los desafíos, con una política agrícola donde se incluye la calidad de los alimentos, promoción y comercialización de sus productos.
Lo mismo hace Estados Unidos, concede subsidios por 180.000 dólares, distribuidos a lo largo de 10 años. Estos países entienden que los subsidios agrícolas se utilizan para estabilizar los mercados económicamente, ayudar a los agricultores de bajos recursos y al desarrollo rural.
Lo cierto es, que la interpretación del programa ‘Agricultura por contrato’ del gobierno Duque, no es la solución para los agricultores y el campo colombiano. Existen factores determinantes y condicionantes que arrastran, por sí solos, las pretensiones del campesinado, llevándolos a la incertidumbre de la subordinación crediticia.
Para acceder a los beneficios propuestos, requiere prendas de garantías (hipotecas), un contrato con los comerciantes mayoritarios, quienes pondrán las pautas y serán, al final, los que suministrarán los insumos al agricultor. Tienen que sembrar cultivos de ciclos cortos (maíz, frijol, sorgo, frutas, hortalizas), siendo estos los que mayormente son importados por Colombia: 99% de los cereales, 80% de maíz, 50% de arroz, 50% de frijoles, arvejas y lentejas.
Estas son razones de gran peso. El comprador, al final de la cosecha comprará de acuerdo a como se estén importando los productos. El banco cobra sus intereses y capital y el Gobierno lo único que aporta es letra muerta, mejor dicho, nada. Una especie de vasallaje moderno. Razones para decir que ‘Agricultura por contrato’, no es la solución.
