Después de una larga espera, de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, fue expedida la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las Regiones Administrativas y de planificación (RAP) y, lo que es más importante, ella allana el camino para avanzar hacia la constitución de las regiones como entidades territoriales (RET), al desactivar el freno de mano que se le puso, irónicamente, en la Ley orgánica de ordenamiento territorial (Loot), que quiso esquivarla.
Razón tiene el exconstituyente y actual gobernador del Atlántico y abanderado de la causa de la autonomía regional Eduardo Verano, que “vamos a tener que ser muy persistentes… Existe un centralismo a ultranza que no quiere que se den estos avances”, por ello hay que resistir, insistir y persistir en la lucha en contra de la recentralización que nos agobia y por la reivindicación de la autonomía territorial consagrada en la Carta.
Este logro no lo podemos tomar como si fuera un punto de llegada, sino como punto de partida; con esta Ley contamos, por fin, con el instrumental necesario para que las regiones como tales, empiecen a empoderarse aún más y dejen de ser alfil sin albedrío del centralismo. Y la coyuntura no puede ser más propicia, habida cuenta que en ella se contempla la conformación de una Misión de descentralización, que estaba en mora de integrarse, para que la misma, con un plazo perentorio de 18 meses presente al Congreso de la República una propuesta que permita barajar y volver a repartir tanto competencias como recursos entre la Nación y las entidades territoriales.
Solo de esta manera se podrá ponerle tatequieto a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle a las entidades territoriales más y más funciones y competencias, pero sin transferirle los recursos necesarios y suficientes para asumirlas como lo manda la Constitución Política.
Ello, obviamente, pasa por una reforma estructural al Sistema General de Participaciones (SGP), tendiente a equilibrar las cargas entre Nación y territorios. Al propio tiempo, avanza en el Congreso un proyecto de acto legislativo que reforma el régimen de regalías, procurando compensar más y mejor a las regiones productoras sin desmedro de las no productoras.
El primer paso y el más importante que debemos dar ahora es la actualización de la agenda del Compromiso Caribe, suscrito en Barranquilla en noviembre de 2007 y la renovación del compromiso de toda la dirigencia con ella; lo propio deben hacerlas otras regiones en donde ya cuentan con su RAP. Y, más recientemente, se suscribió en Santa Marta el Compromiso Casa grande Caribe en noviembre de 2017, en el cual se marcan pautas “para avanzar de manera contundente en la eliminación de la pobreza”.
Compromiso este que demanda esfuerzos y acciones contundentes tanto por parte de la región misma como del Gobierno nacional, habida cuentas que el mismo va en línea con una de las metas fijadas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene poder vinculante para Colombia, amén de que esta fue su promotora y mayor impulsora.
Para avanzar en tan loables propósitos es menester que la RAP cuente con una Unidad técnica del más alto nivel y a la mayor brevedad, cuyos integrantes, además de ser representativa de los 8 departamentos que hacen parte de la RAP del Caribe constituya la masa crítica del talento regional, teniendo como primera prioridad el desarrollo de capacidades propias en todos ellos. Solo así es como podremos ganar en interlocución frente al gobierno central, podremos identificar, priorizar, formular y estructurar más y mejores proyectos de gran envergadura que contribuyan a dinamizar la economía regional, cerrar las brechas interregionales e intraregionales y nivelar la cancha.
Tenemos que pensar en grande, como región, anteponiendo el interés general al particular, que en últimas depende del interés general y el camino no es otro que el de la integración regional, el de la unión, porque juntos somos más y más fuertes. Si cada quien jala para su propio lado terminamos perdiendo todos, pues bien se ha dicho que solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Pero, para que la integración sea sólida y la unión fructifique es fundamental construir confianza entre quienes integran la RAP, base insustituible de la misma, porque nadie está dispuesto a que lo ningunén.
Dicho esto, identificados, priorizados, formulados y estructurados los proyectos de impacto regional, se plantea la necesidad de contar con las fuentes de financiación de los mismos. Para ello habrá que contar con los recursos propios de los departamentos, que son exiguos, los recursos regionalizados del Presupuesto General de la Nación, los del sector privado a través de las alianzas público-privadas y bajo la modalidad de obras por impuestos y, desde luego, los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). A todas estas fuentes podrán acceder las RAP, ahora sí, para apalancar la financiación de sus proyectos por ministerio de la Ley de fortalecimiento de las mismas.
Estamos notificados por parte del ministro Alberto Carrasquilla que plata para inversión no hay ni va a haber, que el presupuesto de inversión para el año entrante en lugar de crecer con respecto al de este año volverá al nivel del año pasado, $39 billones aproximadamente, el cual a su vez fue inferior al de 2017, $41.2 billones.
Se está cumpliendo el vaticinio que hice en 2011 cuando se tramitaba el Acto legislativo 05, que reformó el régimen de regalías, en el sentido que la Nación terminaría descargando la financiación de los proyectos de inversión en las regiones en el SGR, por que estos son los únicos recursos ciertos con los que cuentan y habrán de contar las regiones para su ejecución. De allí la importancia de estar ojo avizor con respecto a la reforma que se tramita del SGR, ya que la misma desconstitucionaliza el reparto, la distribución de las regalías y la difiere a la expedición de una ley que reglamente dicho acto legislativo.
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