La Gobernación del Valle del Cauca declaró la emergencia humanitaria en los 40 municipios del departamento ante el deterioro de la prestación de los servicios de salud, una situación atribuida a las millonarias deudas que las EPS mantienen con hospitales y clínicas de la región.
Según las autoridades departamentales, la cartera pendiente asciende a cerca de siete billones de pesos, afectando tanto a instituciones públicas como privadas. Como consecuencia, alrededor de 2.000 servicios médicos han sido suspendidos, generando dificultades para la atención de miles de pacientes.
La crisis también ha provocado una ocupación hospitalaria que supera ampliamente la capacidad instalada, alcanzando niveles cercanos al 220 %, además de problemas en el suministro de medicamentos y la reducción de la oferta de atención en distintos centros asistenciales.
Desde la Secretaría de Salud del departamento advirtieron que estas dificultades han limitado el acceso oportuno a tratamientos y procedimientos médicos, situación que podría agravar las condiciones de salud de numerosos pacientes y aumentar los riesgos asociados a enfermedades crónicas y agudas.
La gobernadora Dilian Francisca Toro alertó que algunos hospitales han comenzado a restringir servicios e incluso presentan dificultades para atender nuevos usuarios debido a la falta de recursos financieros.
Ante este panorama, la administración departamental anunció que acudirá a mecanismos judiciales para solicitar la intervención y el acompañamiento del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y la Adres, con el fin de buscar soluciones que permitan superar la crisis.
Mientras se gestionan estas acciones, el departamento permanece en alerta amarilla y las autoridades continúan monitoreando una situación que impacta directamente a millones de usuarios del sistema de salud en la región.
