Los Tribunales de Justicia y Paz han reactivado los procesos judiciales contra Salvatore Mancuso, tras la confirmación de la Corte Constitucional sobre su competencia para investigar a exparamilitares desmovilizados. Esta decisión, emitida el 3 de octubre, resuelve un conflicto de competencias entre Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que había intentado asumir la investigación de Mancuso.
La Corte determinó que “la JEP no es competente para juzgar a desmovilizados paramilitares, dado que tanto los antecedentes del Acuerdo Final que dio origen a la JEP como las disposiciones que concretaron su competencia, así lo evidencian”. Esta resolución fue recibida con expectativa, dado que Mancuso acumula más de 65,000 hechos criminales por los cuales aún no ha sido juzgado, entre ellos 12,315 homicidios en persona protegida y 13,951 desplazamientos forzados.
Desde su llegada a Colombia en febrero de este año, tras cumplir 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, la libertad de Mancuso ha sido objeto de controversia.
El Tribunal de Barranquilla, que había detenido su liberación, advirtió que esta podría parecer un indulto, considerando la gravedad de los delitos cometidos bajo su mando.
A pesar de su estatus como ‘gestor de paz’, Mancuso continúa en el centro de un debate público sobre la justicia para las víctimas del conflicto armado, quienes demandan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
