Procuraduría General de la Nación se opuso a que sean suspendidas las medidas de aseguramiento de detención preventiva que se encuentran vigentes en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.
Así lo expresó la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control, durante la audiencia pública en la que se discutió la suspensión de esas medidas judiciales por su designación como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional.
Ante el magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, la funcionaria sostuvo que no hay claridad respecto a cuál es la estructura armada organizada que Mancuso Gómez representa, y cuál es el acto que lo designó como representante de esta.
Recalcó que en la solicitud para que sean suspendidas las más de 30 medidas de aseguramiento que pesan en su contra no se ha especificado el proyecto que desarrollará como gestor de paz, ni cuáles serán los espacios temporales y territoriales de su actividad y mucho menos, se ha indicado por qué es necesaria su movilización por diferentes puntos del territorio nacional, más cuando en años anteriores otras personas han cumplido funciones similares desde la cárcel.
Dijo que Mancuso Gómez no funge como representante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, pues el Acuerdo de Ralito culminó hace más de diez años. Por lo tanto, no resulta admisible como justificación que el papel de gestor de paz permitirá que ahora sí tenga lugar el cierre definitivo de las estructuras criminales que surgieron tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia.
“Admitir ese tipo de fundamentos es llevar el nefasto mensaje a la delincuencia de que no importa el momento en el que decidan voluntariamente cesar su actividad delictiva, aún a pesar de sus desmanes, pues las puertas siempre estarán abiertas”, precisó.
Señaló que nunca la administración de justicia había asistido a una pretensión de esta naturaleza en desarrollo del proceso de Justicia y Paz, en el que en estos casi 20 años se ha reclamado la verdad, la justicia y la reparación para millares de víctimas.
Por esas razones, la procuradora judicial solicitó al magistrado un análisis minucioso de la solicitud hecha por la defensa de Mancuso Gómez antes de adoptar su decisión, pues “no proceder a ese examen sería como asimilar la figura de gestor de paz al desconocimiento de la solidez y seriedad de la justicia transicional, de las víctimas del conflicto armado y del arduo trabajo dispuesto por los tribunales de Justicia y Paz del país”, puntualizó.
