La Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional para atender las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal que impactó a miles de familias en distintas regiones del país, especialmente en la zona Caribe.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación mayoritaria de ocho magistrados, mientras que uno de ellos presentó un salvamento parcial de voto. El alto tribunal consideró que las condiciones derivadas del fenómeno climático justificaban la declaratoria de emergencia.
No obstante, la Corte determinó que varias de las disposiciones incluidas en el decreto no guardaban una relación directa con la atención inmediata de la crisis, por lo que decidió dejar sin efecto algunas medidas relacionadas con el mercado energético, los procesos agrarios y la gestión de baldíos.
Asimismo, el tribunal señaló que los estados de excepción no pueden utilizarse para impulsar proyectos de largo plazo, ya que las acciones adoptadas deben estar dirigidas exclusivamente a la atención y recuperación de las zonas afectadas.
La decisión también limitó la aplicación de la emergencia a 181 municipios reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como afectados por la ola invernal, aunque dejó abierta la posibilidad de incluir otros territorios si se demuestra su afectación.
Además, la Corte ordenó establecer controles especiales sobre los recursos destinados a la emergencia y dispuso que estos sean administrados de manera independiente para garantizar que se utilicen únicamente en la atención de las consecuencias del fenómeno climático. También solicitó revisar el monto inicialmente proyectado por el Gobierno para financiar las medidas adoptadas.
