La Procuraduría requirió al Gobierno nacional coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para combatir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, pues a la fecha hay reportados 8.246 menores víctimas de ese delito en el país, según cifras de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
La solicitud hace parte de las acciones de seguimiento del órgano de control a lo contemplado en la Política Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en la Directiva 10 de 2021 de la Procuradora General de la Nación, en la que pidió respuestas efectivas en la lucha contra ese flagelo.
El Ministerio Público señaló, con base en las mismas cifras, que los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores de edad son Antioquia, con 1.428 casos; Cauca, con 604; Meta, con 541; Caquetá, con 533; Nariño, con 486, y Chocó, con 429; mientras que los municipios que reportan más denuncias son Medellín, con 187, Tumaco, con 156; San Vicente del Caguán (Caquetá), con 149, y Necoclí (Antioquia), con 104.
También alertó por la alta vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas, pues del total de menores de edad reclutados, el 9.2 % pertenecen a grupos indígenas y el 6.6 % hacen parte de comunidades negras, afros, raizales y palenqueros -Narp-.
En consecuencia, la entidad exhortó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Icbf- y a las gobernaciones de Chocó y Valle del Cauca para que adopten las medidas pertinentes desde sus competencias, para prevenir y combatir este flagelo y así proteger a los menores, en especial en las comunidades étnicas.
“Seis años después de la firma del Acuerdo de Paz, los niños, niñas y adolescentes en Colombia, siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en las regiones más afectadas por el conflicto que aún persiste, por lo que atender esta situación es prioritario dentro del contexto de construcción de paz”, precisó la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida de Jesús López Cuadrado.
Para el ente de control es imperativo el respeto a la vida, integridad y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, para que ninguno más sea víctima de reclutamiento forzado y de las afectaciones que de este se derivan para la familia y la sociedad.
