El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, reafirmó la independencia del tribunal frente a las presiones externas, incluidas las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro en defensa de la reforma pensional.
En una entrevista con El Tiempo, Reyes dejó claro que las decisiones de la Corte no están influenciadas por manifestaciones públicas, y que sus fallos se basan exclusivamente en el marco legal.
«Las decisiones sobre las demandas que la Corte está considerando se fundamentan en el marco legal y no están sujetas a la presión de las manifestaciones», declaró el magistrado. Esta afirmación surge en respuesta a las críticas recientes de Petro, quien insinuó la posibilidad de un «golpe de Estado» en relación con las investigaciones sobre los recursos de su campaña presidencial. Reyes enfatizó en que la Corte actúa de manera independiente y sin interferencias políticas.
Otro tema crucial abordado en la entrevista fue el alto nivel de incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte, particularmente en áreas sensibles como el derecho a la salud y el derecho de petición. José Fernando Reyes advirtió que desde agosto, el Gobierno no ha cumplido con varias órdenes judiciales, lo que ha llevado al tribunal a considerar abrir un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud. «Estamos contemplando abrir un incidente de desacato», explicó Reyes, refiriéndose a los pagos pendientes que deben justificarse por parte del Gobierno.
En cuanto a las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a las investigaciones sobre la campaña de Petro, el presidente de la Corte recordó que ya se pronunció al respecto, determinando que la investigación corresponde al CNE. A pesar de las críticas del mandatario, así mismo, defendió el derecho a disentir de las sentencias, pero recalcó que el debate debe ser respetuoso y no caer en insultos.
Finalmente, Reyes mencionó que se están tomando medidas para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y de los magistrados, luego de que surgieran alertas sobre posibles amenazas. Además, destacó el bajo nivel de acatamiento de las recomendaciones de la Corte por parte del Legislativo en temas fundamentales como la eutanasia y el aborto.
