La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el atentado registrado en inmediaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que dejó al menos 11 personas heridas, entre ellas integrantes de la fuerza pública y civiles.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 1 de agosto, cuando un vehículo cargado con explosivos detonó cerca de las instalaciones policiales. Posteriormente, se reportaron otras explosiones en el sector, lo que provocó la movilización de organismos de emergencia y autoridades.
De acuerdo con el balance conocido tras el ataque, ocho policías y tres civiles resultaron lesionados y recibieron atención médica. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que algunas de las personas afectadas se encontraban en condición grave.
Tras lo sucedido, el organismo internacional rechazó el uso de explosivos y recordó a los grupos armados no estatales su obligación de respetar las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos.
En particular, la ONU hizo énfasis en el cumplimiento de los principios de distinción, precaución y protección de la población civil. Asimismo, solicitó a las autoridades colombianas adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades y desarrollar una investigación que permita esclarecer las circunstancias del atentado.
Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían detrás del ataque. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar quiénes participaron en la planeación y ejecución de la acción violenta.
En medio de las labores para identificar y localizar a los responsables, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que contribuya a dar con los autores del atentado.
Tras el ataque también se conoció un pronunciamiento atribuido a De la Espriella, quien manifestó que las acciones terroristas no deben intimidar al país ni afectar la voluntad de los colombianos de vivir en condiciones de paz y seguridad.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el atentado, mientras los organismos nacionales e internacionales reiteran el llamado a proteger a la población civil y garantizar el respeto por la vida.
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