Los congresistas del Centro Democrático Óscar Villamizar y Jonathan Pineda anunciaron que presentarán ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Verónica Alcocer, luego de conocerse una serie de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exfuncionaria del Gobierno nacional y quien trabajó de cerca con la esposa del presidente Gustavo Petro.
La acción judicial estaría relacionada con los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado como interviniente. Los legisladores consideran que el contenido de las grabaciones debe ser investigado para establecer si existieron actuaciones irregulares relacionadas con recursos públicos y decisiones dentro de entidades estatales.
En los audios divulgados, Ferrer realiza diferentes señalamientos sobre una supuesta intervención de Alcocer en nombramientos de funcionarios, así como una presunta participación en decisiones vinculadas con procesos para la compra de aviones militares.
Las grabaciones también contienen una afirmación sobre un supuesto aporte de dos millones de euros durante la campaña presidencial de 2022. Ferrer atribuye la entrega del dinero a una persona identificada como “Manel”. La suma equivaldría actualmente a cerca de 7.100 millones de pesos. Hasta el momento, este señalamiento no ha sido acreditado por las autoridades competentes.
Otro de los aspectos mencionados en los audios está relacionado con los presuntos gastos mensuales de Alcocer. Ferrer asegura en las grabaciones que estos ascenderían a unos 50.000 euros, cifra equivalente a aproximadamente 183,2 millones de pesos.
Asimismo, las conversaciones difundidas hacen referencia a presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos y a la posible existencia de un esquema destinado a favorecer determinados nombramientos dentro del Estado. Estas versiones, al igual que los demás señalamientos contenidos en los audios, no han sido comprobadas judicialmente.
Tras la divulgación del material, Villamizar sostuvo que las afirmaciones conocidas requieren una investigación formal que permita determinar si se configuraron conductas contrarias a la ley. Pineda, por su parte, señaló que serán los organismos judiciales los encargados de esclarecer lo ocurrido y establecer si existe algún tipo de responsabilidad penal.
Los congresistas indicaron que acudirán a la Fiscalía para que sea esta entidad la que analice las grabaciones y determine si existe mérito para avanzar con una investigación contra Alcocer.
Por el momento, las afirmaciones atribuidas a Eva Ferrer corresponden a señalamientos públicos que no han sido demostrados ante las autoridades. Cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida dentro de las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.
