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Defensoría pide revisar nombramientos de funcionarios señalados en denuncias por violencia contra las mujeres

La designación de personas que afrontan denuncias o procesos por presunta violencia contra las mujeres en cargos de alta responsabilidad estatal llevó a la Defensoría del Pueblo a…

La designación de personas que afrontan denuncias o procesos por presunta violencia contra las mujeres en cargos de alta responsabilidad estatal llevó a la Defensoría del Pueblo a…

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La designación de personas que afrontan denuncias o procesos por presunta violencia contra las mujeres en cargos de alta responsabilidad estatal llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar este jueves una revisión de estos nombramientos, al advertir posibles efectos sobre la confianza institucional y la disposición de las víctimas a denunciar.

El organismo pidió establecer criterios públicos y transparentes para estas decisiones, al considerar que el temor a represalias y la revictimización pueden profundizarse cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas.

Entre los casos mencionados figuran Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, nombrado asesor del Ministerio de las Culturas pese a afrontar un proceso penal por presuntos actos sexuales violentos y acoso sexual, por hechos ocurridos durante su trabajo en la embajada colombiana en Chile; el general retirado Eduardo Zapateiro, cuya posible vinculación a la gerencia de Seguridad Física de Ecopetrol ha sido cuestionada mientras enfrenta un proceso por presunto acoso sexual, y Jaime Gregorio Vives Pinedo, presidente de Coljuegos, denunciado por su expareja por presunta violencia intrafamiliar y basada en género.

La entidad también aludió a las denuncias contra los senadores John Alejandro Bermeo Rodríguez, por presunta violencia sexual y maltrato, y Germán Rodríguez Prieto, cuestionado por asuntos relacionados con el pago de cuotas alimentarias de sus hijas, un caso distinto de las denuncias por violencia de género.

La Defensoría instó al Gobierno y a las entidades estatales a considerar la gravedad de los hechos denunciados, el estado de los procesos, la naturaleza de los cargos y los posibles riesgos para quienes denuncian. Reiteró que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado y reclamó coherencia entre los compromisos de prevención y protección y las decisiones sobre quienes ocupan cargos públicos.

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