La prevención no sustituye la acción policial.
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La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los escenarios más visibles de la disputa política contemporánea. En América Latina el modelo de Nayib Bukele ha ganado reconocimiento por la drástica reducción de la violencia homicida que las autoridades atribuyen a su ofensiva contra las pandillas. Sin embargo, detrás de las imágenes de los detenidos sometidos a una disciplina extrema y de los operativos exhibidos como demostraciones de poder, existe una discusión que no podemos eludir: ¿Estamos construyendo sociedades más seguras o estamos normalizando formas de autoridad que debilitan los derechos fundamentales?
La pregunta resulta especialmente pertinente en Colombia, donde el presidente ha manifestado su compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad y ha incorporado la exhibición mediática de la fuerza a su discurso de seguridad. El problema no consiste en cuestionar la obligación del Estado de combatir el crimen organizado, proteger a las víctimas y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Esa responsabilidad es ineludible. El problema aparece cuando la represión se presenta como solución suficiente, el encarcelamiento masivo se convierte en símbolo de eficacia y el espectáculo punitivo desplaza la discusión sobre las causas estructurales de la violencia.
El show mediático ofrece una ventaja política evidente: produce imágenes inmediatas, fácilmente difundidas y emocionalmente impactantes. Un operativo, una captura o la exhibición de personas dadas de baja o privadas de la libertad pueden presentarse como pruebas de que el poder actúa y de que el enemigo ha sido sometido. Las políticas de prevención social, por el contrario, no ofrecen resultados igualmente espectaculares. Mejorar la calidad de la educación, garantizar la alimentación infantil, ampliar las oportunidades laborales, recuperar comunidades excluidas y fortalecer la independencia que la justicia requiere, inversiones sostenidas, continuidad institucional y años de trabajo.
Así se configura una asimetría política: los resultados visibles del castigo pueden generar reconocimiento inmediato, mientras que los resultados de la prevención necesitan tiempo, evaluación y rendición de cuentas. El espectáculo también puede transformar la percepción colectiva de la seguridad. Una parte de la ciudadanía termina asociando el orden con la exhibición de fuerza y considerando que las garantías judiciales constituyen obstáculos para combatir la delincuencia. Cuando esto sucede, el debate público corre el riesgo de abandonar una pregunta esencial —si el Estado actúa dentro de la Ley—, para concentrarse exclusivamente en otra: si tiene suficiente capacidad para castigar.
El hambre, el desempleo, la precariedad económica, la inflación, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas no convierten automáticamente a las personas en delincuentes. Millones de ciudadanos afrontan esas dificultades sin recurrir a la violencia. Sin embargo, estas condiciones pueden incrementar la vulnerabilidad de determinados sectores, restringir sus alternativas de subsistencia y facilitar el reclutamiento por parte de organizaciones criminales, especialmente cuando coinciden con la ausencia de protección institucional, la impunidad y el control territorial de actores ilegales.
Por eso, reducir la violencia exige intervenir tanto sobre las organizaciones criminales, como sobre los entornos sociales e institucionales que favorecen su reproducción. Una política de seguridad que se limita a encarcelar o a matar puede eliminar a determinados delincuentes y proteger temporalmente a comunidades amenazadas. Pero si no desmantela las estructuras financieras del crimen, no combate el lavado de activos, no investiga la corrupción y no impide el reclutamiento de nuevos integrantes, corre el riesgo de castigar a quienes ocupan los eslabones visibles mientras permanecen intactos otros mecanismos de reproducción criminal. La prevención no sustituye la acción policial ni la justicia penal. Las complementa y contribuye a que sus resultados sean sostenibles.
Sería incorrecto desconocer el sufrimiento que las pandillas impusieron durante años a la sociedad salvadoreña. Homicidios, extorsiones, amenazas, reclutamiento forzado y control territorial afectaron profundamente la vida cotidiana de numerosas comunidades. La disminución de la violencia reportada por las autoridades representa un cambio importante para una población que necesitaba protección. Pero reconocer esos resultados no obliga a aceptar todas las medidas empleadas para conseguirlos.
Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y vulneraciones del debido proceso durante el régimen de excepción. Su informe mundial sobre El Salvador también señala que la reducción de la violencia de las pandillas ha coexistido con graves abusos y con una concentración del poder político. La cuestión se vuelve aún más relevante cuando se considera la magnitud del encarcelamiento; el 2% de la población, lo que representa la tasa de encarcelamiento más alta del mundo bajo el régimen de excepción.
