Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, ha reavivado el debate público sobre el derecho a la muerte digna en Colombia al solicitar formalmente acceso al suicidio médicamente asistido, como forma de ejercer su derecho a decidir sobre el final de su vida.
Giraldo, quien vive desde hace años con trastornos mentales severos, incluyendo depresión mayor, trastorno límite de la personalidad y ansiedad, ha descrito su existencia como una lucha constante contra un sufrimiento que, según sus palabras, “no me permite vivir con dignidad”. Tras agotar múltiples tratamientos médicos, terapias y hospitalizaciones sin mejora significativa, decidió solicitar formalmente al sistema de salud la posibilidad de acceder a este procedimiento.
A diferencia de la eutanasia tradicional, en la que un médico administra las sustancias que causan la muerte, el suicidio médicamente asistido permite que el paciente reciba los fármacos necesarios y los administre él mismo. Hasta ahora, este procedimiento carece de regulación específica en Colombia, aunque la Corte Constitucional reconoció su existencia dentro del derecho a morir dignamente.
La solicitud de Giraldo fue inicialmente negada por la EPS Sanitas, que alegó la ausencia de reglas operativas y normativas claras para garantizar la realización segura y legal del procedimiento. Ante esto, Giraldo presentó una tutela, el mecanismo constitucional para la protección de derechos fundamentales, con el respaldo de un equipo legal, buscando que los tribunales ordenen su reconocimiento y ejecución.
En declaraciones públicas, Giraldo enfatizó que su objetivo es evitar métodos clandestinos o violentos de terminar con su vida, y expresó su deseo de hacerlo acompañada por su familia y con apoyo médico, en un entorno que respete tanto su voluntad como su dignidad humana.
El caso ha generado un intenso debate entre expertos y en redes sociales sobre los límites éticos y legales de la muerte asistida, especialmente cuando se trata de sufrimiento causado por enfermedades mentales, y no exclusivamente por condiciones físicas terminales. Algunos grupos de derechos humanos argumentan que el sufrimiento emocional debería incluirse entre las condiciones para acceder a una muerte digna bajo supervisión médica, mientras que otros advierten sobre los riesgos de normalizar esta práctica en personas con trastornos de salud mental.
La decisión de los tribunales y de las autoridades sanitarias podría marcar un precedente histórico en Colombia, un país que ya reconoce la eutanasia y otras formas de morir dignamente, pero que aún no ha establecido cómo proceder en casos de suicidio médicamente asistido por enfermedades mentales.
