La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de…
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La defensa de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al considerar que el mandatario habría incurrido en varios delitos al hacer declaraciones públicas sobre su representado.
La acción judicial fue radicada por el abogado Nelson Antonio Lopera, quien solicitó que se investigue al jefe de Estado por los presuntos delitos de injuria, calumnia, circunstancias especiales de agravación de la pena y abuso de autoridad por omisión de denuncia. Según la defensa, las afirmaciones realizadas por el presidente en su cuenta de la red social X, durante consejos de ministros, ruedas de prensa y entrevistas con medios de comunicación habrían afectado el buen nombre y la integridad de Marín Buitrago al, presuntamente, carecer de sustento probatorio.
En el documento también se argumenta que, si el mandatario tenía conocimiento de posibles conductas delictivas, estaba en la obligación de poner esa información en conocimiento de las autoridades competentes, motivo por el cual se solicita investigar una eventual omisión de denuncia por parte del servidor público.
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la denuncia presentada en su contra.
La acción judicial se conoce mientras Diego Marín Buitrago continúa enfrentando un proceso de extradición hacia Colombia. Recientemente, la Fiscalía General de la Nación logró que Interpol reactivara la circular roja en su contra, luego de que obtuviera la libertad provisional en Portugal mediante un hábeas corpus y apelara la decisión que negó su solicitud de asilo.
Las autoridades colombianas investigan a alias ‘Papá Pitufo’ por su presunta participación en una organización transnacional dedicada al contrabando. De acuerdo con la Fiscalía, la estructura habría utilizado empresas fachada, operaciones ficticias de importación y el soborno de funcionarios públicos para facilitar el ingreso ilegal de mercancías al país.
