La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías de Bogotá a la exconsejera para las regiones de la presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, y le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La exfuncionaria habría recibido, transportado y entregado al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez, 3.000 millones de pesos que tendrían origen ilícito. Los recursos corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.
De acuerdo con las diferentes actividades investigativas orientadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la entonces consejera para las Regiones, al parecer, recibió de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al mencionado congresista.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez.
Ortiz Nova rechazó los cargos que le presento la Fiscalía.
